Como bien es sabido, el consenso en la voluntad política de nuestro país se ha convertido en los tiempos que corren en una entelequia. Circunstancia muy alejada de lo razonablemente recomendable en situaciones excepcionales como las que vivimos.
Que nuestro actual Gobierno tiene las manos atadas, es algo obvio, aplicando simplemente las matemáticas, y que sus promesas electorales están siendo, unas tras otras (maldita hemeroteca), incumplidas, precisamente por carecer del respaldo parlamentario necesario,es un problema que este país puede sufrir durante generaciones.
Sin poder, ni querer, enumerar la multitud de ejemplos que a cualquiera nos vienen a la cabeza, la realidad es que, si nada lo remedia, la semana que viene asistiremos a otra más, como será la votación y segura aprobación de la denominada como Ley de Memoria Democrática. La cual pasó ayer la criba de la Comisión Constitucional con el apoyo de Bildu, fiel escudero de nuestro actual Gobierno.
Como de muy significativo podemos calificar el hecho de el objetivo de la norma es una profundización de la Ley de Memoria Histórica de 2007, focalizando la resignificación del Valle de los Caídos(ahora Valle de Cuelgamuros), la condena al golpe de 1936 y la dictadura, así como las asociaciones vigentes que hagan apología del franquismo, se considera víctimas a la lenguas cooficiales y sus perseguidos, se retiran títulos nobiliarios, y se procederá a la reparación de las víctimas desde dicho golpe hasta cinco años después de la aprobación de la Constitución.
Esta ampliación hasta el 31 de diciembre de 1983, destaca como cuestión más significativa, que no única, pues supone poner la duda en la transición española, y por tanto, los cimientos de nuestra actual Constitución y Estado de Derecho.
Una vez celebrado este debate en comisión, y al haberse aprobado la avocación a Pleno de este proyecto de ley, el dictamen y las enmiendas al articulado no incorporadas en fase de ponencia y comisión y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas se someterán de nuevo a debate y votación en el Pleno de la Cámara Baja.En caso de ser aprobado, el proyecto de ley se remitirá al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.
Acceder, sin un consenso amplio, a rediseñar las bases de nuestra actual Democracia y señalar a quienes consiguieron restaurar un país roto durante la transición, es cruzar una línea peligrosa sin marcha atrás, otra más.
