Los servicios jurídicos de la Junta, que están personados como acusación particular en la causa por los ERE falsos, han defendido su "objetividad, profesionalidad e imparcialidad" ante la petición de la juez Mercedes Alaya de que entreguen los informes que elaboraron para las agencias IFA e IDEA.
En un escrito firmado por la letrada coordinadora, Carmen Carretero, los servicios jurídicos de la Junta entregan a Alaya los 47 informes que redactaron para IFA e IDEA -las agencias que canalizaron las ayudas investigadas- entre 2001 y 2010, años a los que se extiende la investigación.
La entrega se hace "en el marco de la plena colaboración con la Justicia", dice el escrito, que aprovecha "el tenor de la documentación solicitada" para "destacar" a la juez que los letrados de la Junta "son funcionarios públicos, cuya alta cualificación deriva del sistema de acceso al cuerpo por oposición libre que consta de cinco ejercicios".
La juez Alaya ha expresado en ocasiones sus dudas sobre el papel de la Junta en el caso de los ERE y el pasado 24 de mayo, en un auto, manifestó su "enorme sorpresa" por la "escueta documentación" que recibe del Gobierno andaluz, que "contrasta con su posición de acusación particular" en el proceso.
Ahora, el Gabinete Jurídico de la Junta no precisa a qué tipo de comentarios responde pero afirma que sus letrados "actúan de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad y defensa de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Sus dictámenes "se producen en el ámbito del asesoramiento en Derecho" y el Gabinete "no desempeñan una función de control, y menos aún a posteriori, sino de asistencia jurídica previa que, además, se contrae exclusivamente a cuestiones de legalidad y no de oportunidad".
El letrado de la Junta se ha distanciado de la Fiscalía Anticorrupción en las últimas comparecencias de imputados ante Alaya, y así el pasado 24 de abril el fiscal pidió para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández prisión incondicional y una fianza se responsabilidad civil de 890 millones de euros, mientras que la Junta solo pidió que compareciera en un juzgado una vez a la semana y una fianza civil de 68 millones.
En el caso del exviceconsejero Agustín Barberá, que declaró el 27 de julio, el fiscal pidió una fianza de 624 millones y el letrado de la Junta de 18 millones, y para el ex director general de Trabajo Juan Márquez, la Fiscalía pidió el 5 de julio 205 millones de fianza civil y la Junta 3,5 millones.
