El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá este jueves al resto de líderes europeos en la cumbre que empieza en Bruselas que cumplan el compromiso asumido en junio de permitir la recapitalización directa de la banca española a cargo del fondo de rescate, lo que significa que la ayuda comunitaria no computaría como deuda pública.
"Los acuerdos que se alcanzan, se cumplen", defendió Rajoy este miércoles ante el plenario del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Bucarest, al que asistía también la canciller alemana, Angela Merkel. "Cualquier señal de debilidad, de desunión o de duda en torno a estos objetivos pone peligrosamente en riesgo, no sólo nuestra credibilidad, sino nuestra estabilidad", advirtió Rajoy.
Rajoy cuenta con el apoyo del presidente francés, François Hollande, y del primer ministro italiano, Mario Monti, que también reclaman acelerar la unión bancaria para romper así el "círculo vicioso" entre bancos y Estados. Pese a ello, no se espera, según fuentes diplomáticas, que el Consejo Europeo ofrezca a España nuevas garantías sobre la recapitalización directa, cuestionada en las últimas semanas por Alemania, Holanda y Finlandia.
Aunque la situación financiera de España no figura oficialmente en la agenda de la cumbre, los crecientes rumores de que el Gobierno de Mariano Rajoy solicitará en las próximas semanas el rescate para activar la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y rebajar sus costes de financiación protagonizarán la reunión.
Los líderes europeos deberían aclarar de forma definitiva a España las "condiciones precisas" que deberá cumplir si pide el rescate y estos requisitos no deben incluir cargas nuevas, según ha defendido este miércoles Hollande en una entrevista a Le Monde y otros periódicos europeos.
El presidente francés ha defendido la activación del programa de compra de bonos del BCE, para lo que se requiere una solicitud española. España está ya lista para pedir una línea de crédito preventiva al fondo de rescate y cree que no necesitará usarla porque sólo la intervención del Banco ya hará bajar la prima de riesgo hasta 150 puntos, según explicaron el lunes fuentes gubernamentales a la prensa internacional. Sin embargo, Alemania sigue resistiéndose a que España pida una nueva ayuda, aseguran fuentes europeas.
Tampoco Grecia está en la agenda oficial de la cumbre, aunque se espera que los líderes europeos elogien "los esfuerzos muy estimables que el Gobierno griego ha emprendido estos últimos tiempos" en materia de ajustes y reformas, según un alto funcionario de la UE. La troika ha concluido su viaje a Atenas y espera "en los próximos días" un acuerdo con las autoridades helenas sobre los ajustes exigidos a cambio del siguiente tramo de 31.500 millones de euros del rescate.
Si se confirma este acuerdo, los líderes europeos deberán decidir en las próximas semanas si dan más tiempo a Atenas para corregir su déficit y cómo se financian las ayudas extra que exigiría esta prórroga. Sin un pacto, Grecia se vería obligada a suspender pagos y probablemente a dejar el euro, una hipótesis que en las últimas semanas ha perdido fuerza.
UNIÓN BANCARIA Y PRESUPUESTO DE LA EUROZONA
Sobre la recapitalización directa, las fuentes consultadas aseguran que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 no despejarán las dudas ni sobre la fecha de entrada en vigor ni sobre si ésta tendrá un carácter retroactivo para España.
Los líderes europeos se limitarán a insistir en la "urgencia" de poner en marcha la unión bancaria. Además, confirmarán la fecha de finales de año para aprobar la norma que encomienda al Banco Central Europeo (BCE) la supervisión de los bancos de la eurozona, la condición previa para que entre en vigor la recapitalización directa.
Pero más allá de eso, no se podrá ninguna fecha para la recapitalización directa porque "el proceso implica la intervención de muchos actores", ha indicado la fuente. Alemania, Finlandia y Holanda han puesto en duda que la recapitalización directa pueda empezar el 1 de enero de 2013 y sostienen que no tendrá carácter retroactivo.
La cuestión del carácter retroactivo tampoco será debatida por los jefes de Estado y de Gobierno, sino que éstos se limitarán a pedir al Eurogrupo que fije "los criterios operativos exactos que guiarán la recapitalización directa de bancos a cargo del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE)", según figura en el proyecto de conclusiones.
El debate del Consejo Europeo se centrará en las propuestas realizadas por los cuatro presidentes -el del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el del BCE, Mario Draghi; y el del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker- para corregir los problemas estructurales de la eurozona que han agravado la crisis del euro.
En particular, los jefes de Estado y de Gobierno pedirán "explorar" dos de las ideas que plantean los presidentes: la creación de un presupuesto específico para la zona euro y la exigencia a todos los Estados miembros de que firmen contratos con Bruselas en los que se recogerán las reformas a que se comprometen.
Por lo que se refiere a la capacidad fiscal para la eurozona, la idea plantea una serie de cuestiones, como "si se basará en capital o en presupuesto, cuál será su importe, quién la gestionará, cuándo empezará a funcionar o cuál será su papel". En todo caso, su creación será a medio plazo y estará separada del debate sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020.
En el informe de los cuatro presidentes, se sugiere que el presupuesto de la eurozona podría utilizarse para financiar las reformas que emprendan los países con problemas durante el periodo necesario para que surtan efecto o para ayudar a absorber el impacto de una crisis que afecte a uno o a pocos Estados miembros.
La segunda medida consiste en que los Estados miembros de la eurozona "firmen acuerdos contractuales de carácter individual con las instituciones de la UE sobre las reformas que se comprometen a emprender y su aplicación". El objetivo sería dar "más peso político" a las recomendaciones que la UE dirige a cada país en materia económica.
Como primer paso, la Comisión presentará antes de que acabe el año una propuesta para que "todas las grandes reformas de política económica previstas" por un Estado miembro "se discutan ex ante" en la UE y se coordinen.
