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EMED asegura haber documentado la “ausencia de daños” sobre el río Odiel de los vertidos objeto de sanción

La compañía minera señala que el vertido se debió a “causas de fuerza mayor”

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  • Imagen aérea de Cerro Colorado, en Minas de Riotinto -

La compañía EMED Tartessus, promotora del Proyecto Río Tinto para la puesta en marcha de la actividad minera en las minas onubenses, ha asegurado este sábado que el vertido por el que ha recibido una sanción por parte de la Junta de Andalucía se debió a "causas de fuerza mayor".

En un comunicado, la compañía minera señala que ha remitido informes técnicos y legales preliminares que establecen la ausencia de daños sobre el río Odiel "así como que dichas descargas fueron realizados por causas de fuerza mayor, hecho que ha confirmado el Juzgado número 1 de Valverde del Camino.

Añade la misma empresa que "siempre ha actuado y actuará de manera responsable para preservar la seguridad y el medio ambiente, y dentro de los parámetros de la ley", para terminar aduciendo que "respeta todas las resoluciones administrativas y por ello es su intención resolver esta cuestión de la manera más adecuada dentro del procedimiento administrativo".

El comunicado responde a la imposición del último Consejo de Gobierno de una sanción de 450.000 euros a las empresas EMED Tartessus, Construcciones Zeitung y Rumbo-5 Cero como responsables de un vertido no autorizado de aguas residuales en el dominio público hidráulico del río Odiel, en Minas de Riotinto.

Además de la sanción económica, impuesta de forma solidaria, el Gobierno andaluz también ha obligado a las tres empresas a indemnizar los supuestos daños, así como a adoptar todas las medidas necesarias para evitar nuevos vertidos y proteger la calidad de las aguas y bienes hidráulicos.

Tras constatar los hechos, la Junta abrió un expediente sancionador que tuvo que paralizarse a finales del 2010, cuando el Juzgado de Instancia e Instrucción de Valverde del Camino inició una causa penal, y archivada ésta en julio del 2012, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acordó levantar la suspensión del procedimiento administrativo sancionador y reiniciar su instrucción.

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