El PP-A se ha mostrado convencido este sábado que el Gobierno andaluz sólo ha perseguido el "show mediático" con su decreto sobre función social de la vivienda, que será recurrido en el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de la Nación, y le ha exigido que adopte medidas, desde la legalidad, para frenar los desahucios en la comunidad.
"De la misma manera que no se ataja el problema del hambre asaltando supermercados, por mucho que su ideología se lo permita, no se soluciona el grave problema de la vivienda con un decreto desde la ideología ya para y por la provocación y la confrontación", según ha indicado en rueda de prensa la coordinadora de Política Municipal del PP-A y diputada autonómica, Carolina González Vigo.
González Vigo ha enmarcado el recurso del Gobierno central contra el decreto en "la normalidad democrática" y en la defensa de los derechos de los andaluces y el resto de españoles, unos argumentos que, según ha apuntado, suele esgrimir la Junta cada vez que recurre medidas del Ejecutivo nacional.
Ha querido dejar claro que desde el momento en que se aprobó el decreto, la voluntad de diálogo del PP-A ha sido total y ha intentado tener una actitud conciliadora hasta el final, planteando hasta 83 enmiendas al texto, que se tramita en este momento en el Parlamento andaluz, las cuales han sido rechazadas por PSOE-A e IULV-CA.
Ha explicado que esas propuestas del PP-A iban en la línea de "matizar cualquier aspecto que pudiera resultar inconstitucional o que pudiera tener la más mínima duda de legalidad".
En su opinión, el PSOE-A e IULV-CA han intentado más bien hacer de este decreto un "show mediático, que sirviera de propaganda al bipartido, en lugar de resolver realmente los problemas de los desahucios en Andalucía".
González Vigo ha manifestado que la Junta tiene ahora una "oportunidad estupenda" de plantear iniciativas que eviten los desahucios en Andalucía, sin que estén bajo la duda de la legalidad". Ha apuntado que hay muchos mecanismos legales para garantizar que se puedan evitar los desahucios, como ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde noviembre de 2012, que ha conseguido que se eviten los desahucios para los colectivos con peor situación, dentro de la legalidad.
Por ello, ha confiado en que el Gobierno andaluz lleve a cabo medidas dentro de la legalidad y no desde la "confrontación o como un show propagandístico". Asimismo, ha indicado que la Junta, además de conocer los nombres de las siete familias que se han beneficiado del decreto, también se podría haber preocupado por los nombres de los "63.000 desahuciados que tuvo Andalucía en la anterior legislatura".
