La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha aplazado al próximo día 22 de junio la ratificación del informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que cifró en 66.155.573 euros las sobrecomisiones por encima de la media de mercado pagadas en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la comparecencia de los peritos de la Dirección General de Seguros estaba prevista para este miércoles, pero finalmente ha sido aplazada al día 22 de junio después de que uno de los peritos lo solicitara alegando que, "por motivos personales", le era imposible acudir en la jornada de hoy al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En su informe, consultado por Europa Press, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recoge una serie de irregularidades, como por ejemplo que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.
La Dirección de Seguros, en el informe elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, analiza las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 e investigadas en el caso de los ERE y concluyen que se pagaron "comisiones significativamente superiores a la media de mercado", que estaba situada en el dos por ciento en el periodo analizado.
En total, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis --vinculada a CCOO-- 50.918 euros, dice el informe, que asevera que "se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10 por ciento", sobrecoste que "no es admisible justificar en unos supuestos compromisos y gastos extraordinarios soportados".
Al hilo, el informe de la Dirección de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, recoge que, pese a que la comisión era liquidada por la entidad aseguradora al mediador, "era indirectamente abonada por la Junta de Andalucía dentro del recibo del seguro y, en consecuencia, tiene un coste para el erario público".
En uno de los expedientes analizados, según el informe, se ha encontrado "evidencia documental de una grave irregularidad consistente en que la Junta de Andalucía ordenaba a la entidad aseguradora el pago de todas las comisiones que el mediador comunicara a la entidad aseguradora, lo que supone dejar al arbitrio de una parte interesada la fijación del precio total del seguro".
El informe afirma que "no se ha encontrado justificación que acredite la necesidad o conveniencia de suscribir las pólizas mediante la participación de mediadoras" ni "justificación sobre los criterios de elección de las aseguradoras", por lo que remarcan que la intervención de esta figura "ha encarecido innecesariamente el coste de las pólizas de seguro".
En contra de lo habitual en la mediación de seguros, la comisión no era establecida por las entidades aseguradoras sino por los propios mediadores, quienes "prevaliéndose de su capacidad de influencia en la adjudicación de pólizas fijaban su comisión fuera de los precios de mercado".
