La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de detenciones dentro de la denominada operación 'EDU', que investiga el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía. En Málaga, son siete personas, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Al parecer, estas siete personas están o habrían estado vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), han precisado las mismas fuentes. Otras fuentes han indicado que el que fuera delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, es uno de estos investigados en esta nueva fase.
Estas fuentes han explicado a Europa Press que Lomeña fue citado el pasado viernes para comparecer este lunes, cuando se ha presentado voluntariamente, se le ha comunicado que estaba detenido y se le ha abierto la correspondiente ficha. Tras esto, ha prestado declaración y ha quedado en libertad.
Lomeña ya fue detenido y puesto en libertad el pasado mes de marzo, pero por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por orden de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de la operación 'Barrado' que también investiga el presunto fraude en cursos de formación.
En la nueva fase de la operación a nivel regional desplegada desde este lunes, en el conjunto de Andalucía se prevén en torno a 140 arrestos en todas las provincias. Además de empresarios, en esta ocasión las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.
El operativo se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio. Entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del SAE de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.
Estas diligencias se producen mientras el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abierta hace meses una causa en la que han comparecido 19 personas relacionadas con seis empresas que impartieron cursos de soldadura, auxiliar de protésico dental, peluquería, administrativo comercial, cocina y servicio de bar.
En este procedimiento se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior.
Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.
Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.
