El 7 de junio Banco Santander fue seleccionado como entidad adjudicataria en la subasta sobre el Banco Popular llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución europeo (FUR). La adquisición tuvo como contraprestación un euro de valor simbólico dada su inviabilidad. El Banco Central Europeo (BCE) apoyó esta medida exigiendo al Santander ampliar capital en 7.000 millones, para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular. ¿Qué ha sucedido con Banco Popular?
En el año 2012 se llevó a cabo una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos de los que era propietario. Tras esta ampliación todo parecía mejorar, al menos de cara al exterior.
Pese a ello, en el pasado año 2016 se hizo necesaria una segunda ampliación de capital donde a los accionistas de Banco Popular se les vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial de la entidad indicando que se obtendrían importantes beneficios y un cobro de dividendos. Hubo una campaña agresiva de captación. Pero todo ello posteriormente nada tuvo que ver con la realidad. Los dividendos nunca se abonaron y los supuestos beneficios se convirtieron en pérdidas.
En la Auditoría que emitió PwC el pasado marzo, se reconoció que era necesario elevar las pérdidas en 694 millones de euros. Con ello, Banco Popular corrigió en cuatro puntos las cuentas que se presentaron en diciembre de 2016 admitiendo los ajustes calculados por la consultora.
Banco Popular S.A. ya forma parte de la entidad Banco Santander S.A. en su totalidad, como una filial independiente con personalidad jurídica. Esta resolución ha afectado a unos 300.000 accionistas, que lo han perdido todo, así como los tenedores de deuda híbridos y subordinadas. Pero ellos conservan su derecho a reclamar por una comercialización incorrecta, que provoca la nulidad de las operaciones. Ahora los depósitos se garantizan en su totalidad por el propio Banco Santander.
Las acciones a ejercitar dependerán del caso concreto, que deberá analizarse el pertinente estudio, aunque el argumento principal en todos los supuestos es idéntico: ocultación de información relevante para el inversor. Y este es un hecho acreditable, gracias al resultado que han dado las Auditorias de PwC.
El responsable de la gestión de la entidad es el Consejo de Administración de la entidad financiera que responde frente a terceros de esa gestión e incluso frente a los accionistas. Sin embargo para que responda, deberá acreditarse la negligencia. Podemos recordar el caso Bankia, donde sí se pudo acreditar gracias a los supervisores del Banco de España y la CNMV y al final los inversores recuperaron todo su dinero.
