El juzgado de lo penal número 3 de Cádiz ha ordenado la suspensión de la ejecución de la sentencia por la que se instaba a la demolición de la vivienda que el sanluqueño José Antonio Santiago Rodríguez construyó en el año 2002, sobre terrenos no urbanizables.
La decisión del magistrado ha sido consecuencia directa de la solicitud de indulto tramitada por el abogado de Santiago, quien ante el apremio que desde el juzgado lanzaron sobre el Ayuntamiento, a quien encargaron que se hiciera cargo de la demolición de la vivienda, puesto que el propietario había desobedecido la orden del juez, tramitó a finales del mes de junio la petición de indulto para el delito contra la ordenación del territorio cometido por José Antonio Santiago.
Así, de momento, la vivienda de este sanluqueño, la primera que recibió una orden de derribo firme procedente de los tribunales, quedará en suspenso mientras que se espera la resolución del Consejo de Ministros, que es el órgano competente en conceder el indulto.
Uno de los motivos por los que el magistrado de la sala de lo penal de Cádiz se ha inclinado por la suspensión es que, de continuar adelante con la sentencia y proceder a la demolición de la vivienda, en el caso en que Santiago obtuviera el indulto, la reconstrucción de la vivienda sería inviable por parte de la Administración pública para resarcir los daños. Así, por prudencia, y debido a que este compás de espera “no perjudica a terceros”, el juez tomó esta decisión el pasado día 14 de julio.
Cabe destacar que, si bien hasta ahora los magistrados consideraban la construcción de la vivienda como una consecuencia administrativa de la pena y, pro tanto, la petición de indulto sólo afectaba a la pena de privación de libertad y sanción económica del condenado, actualmente la tendencia de los magistrados es a considerar la construcción como un delito en sí, parte de la pena, por lo que, en el caso de que el Consejo de Ministros aprobara la solicitud de indulto de José Antonio Santiago Rodríguez, éste se vería libre tanto de demoler su vivienda como de la pena de seis meses de prisión y la sanción económica que le impuso el juzgado de lo penal número 3 de Cádiz.
La alcaldesa de Sanlúcar y delegada municipal de Urbanismo, Irene García, fue la encargada de comunicar la noticia al afectado, quien agradeció las gestiones que se habían llevado a cabo para conseguir “un margen de maniobra” respecto al delito contra la ordenación del territorio cometido al construir su vivienda en suelo no urbanizable.
GESTIONES
No en vano, la alcaldesa, a la que el juez llegó a imputar por un delito de desobediencia, al considerar éste que se había producido una demora en la ejecución de la sentencia de derribo por parte del propio Ayuntamiento, se reunió con el magistrado y le expuso las últimas gestiones que el Gobierno municipal estaba llevando a cabo con el objetivo de proceder a la ordenación urbanística de la ciudad.
Por un lado, según fuentes consultadas por este periódico, García explicó al magistrado la actual situación urbanística de la ciudad, así como el hecho de que en la misma zona donde se había producido esta sentencia de derribo, el pago Santillana, había otras viviendas con expedientes judiciales pendientes. Del mismo modo, desde el Consistorio local se trasladó al magistrado los acuerdos firmados con la Junta de Andalucía para el desarrollo de la zona de la Corona y del Hornillo para el que se estaba llevando a cabo un estudio que estará terminado a final de año y que podía confirmar si sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para agilizar su ejecución o dejarlo como se encuentra actualmente.
