Manuel Vázquez, en tiempos no muy lejanos un conocido constructor y carpintero de Arcos, viene reclamando al Ayuntamiento en torno a 700.000 euros en concepto de una serie de 71 viviendas que terminó de construir en 1993 en el Barrio Bajo y 12 en la trasera de la calle Jiménez de Ayllón, así como por unas obras de asfaltado en la barriada La Soledad.
Si bien la deuda procede presumiblemente de la etapa de gobierno en la que fue alcalde el socialista Jesús Ruiz, los siguientes alcaldes: Juan Manuel Armario Vázquez (PP), Josefa Caro Gamaza (PSOE) y José Luis Núñez Ordóñez (PP), no le han dado solución alguna a una deuda que el afectado intenta demostrar por todos los medios. Sin embargo, sobre el caso pesan hasta tres sentencias que eximen al Ayuntamiento de pago alguno.
Según el afectado, desde el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Arcos se le ha comunicado que, de existir deuda, ésta ha prescrito y que, por tanto, tampoco ha podido entrar en el paquete de pago a proveedores mediante el decreto del Gobierno central. Todo ello después de haber celebrado varias reuniones con el alcalde y distintos delegados municipales, en las que, una vez más, se le hubiera explicado que la deuda reclamada no existe como tal en el Ayuntamiento.
Manuel Vázquez esperaba que el nuevo equipo de Gobierno PP-Ai-Pro le resolviera su grave problema, pero después de varias reuniones, no sólo no le ha dado una solución, sino que parece que no lo hará a tenor de su actitud, según el empresario.
El afectado explica que no ha parado estos años de reclamar lo que considera que es suyo legítimamente. Además, posee un informe en el que una interventora que ya no ejerce en la localidad le hubiera reconocido una reclamación de deuda.
Ahora que Manuel anda muy mal de salud -le estirparon el estómago como consecuencia de un cáncer- y que está pendiente a una serie de pruebas médicas por su deterioro físico, teme que su Ayuntamiento le deje en la estacada después de haberlo servido bien; es decir, que haya arrojado la toalla y que nunca le pague. La situación no sólo la sufre en primera persona, pues además de encontrarse prácticamente en la ruina, sus hijos están sufriendo el embargo de propiedades y nóminas, porque tampoco la empresa ya desaparecida pudo afrontar todas sus deudas, además de sufrir otras desavenencias como consecuencia de haber compartido obras con otras empresas ya desaparecidas.
El delegado municipal de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP), asegura a este medio que existen tres sentencias a favor del Ayuntamiento y que, por tanto, no está obligado a efectuar ningún pago. Además, alude a la cautela en este asunto, que entiende “eminentemente jurídico”. De hecho, la última palabra no está dicha porque la denuncia sigue en los tribunales. No obstante, De la Barrera manifiesta que se ha buscado en el Ayuntamiento la documentación relativa a la presunta deuda, sin que se haya encontrado papeles que reconozcan este hecho. El delegado admitió que el empresario “lo está pasando mal”, pero hizo hincapié en que no se le puede pagar porque no existe documentación que obligue al Ayuntamiento a ello. En este sentido, entendió la insistencia del empresario, pero aludió también a la responsabilidad del Ayuntamiento en este asunto.
