En 2013 fue un caso muy comentado en la política municipal de Arcos de la Frontera. Supuestamente, el entonces delegado de Medio Ambiente, y hoy concejal de Alternativa Independiente Progresistas (Ai-Pro) en la oposición, Francisco Muñoz, desvió a una parcela particular la leña de los trabajos de poda realizados en el camping. Ahora, casi seis años más tarde, Fiscalía solicita para el encausado  dos años y tres meses de prisión y la inhabilitación de cargos de responsabilidad pública durante ocho años y medio, así como una cantidad sin especificar en concepto de sanción económica.  

Según publica Diario de Cádiz, la acusación estima entre 16.000 y 30.000 los kilos de leña que pudieron tener un destino ilegal como uso personal, con un valor económico de  unos 2.240 euros. Fiscalía acusa a Muñoz de un delito de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil y prevaricación.

Los hechos que dieron pie a las investigaciones tuvieron lugar en abril de 2013, cuando el delegado de Medio Ambiente en Arcos ordenó supuestamente a los operarios municipales que dispusieran la leña de medio millar de cipreses en troncos pequeños y cargasen a propósito los camiones municipales.

Asimismo, Fiscalía implica a dos trabajadores que habrían transportado tal cantidad de leña hasta la parcela propiedad del padre del concejal, en el Pinar de la Plata, y no hasta la cancha de tiro donde habitualmente el Ayuntamiento deposita los restos de poda para darles algún uso público. Esos dos trabajadores que ejecutaban tareas en el camping habrían acordado con el concejal que los portes -diez en total a razón de entre 2.000 y 3.000 kilos- serían pagados “camuflándolos entre la numerosa facturación que se estaba realizando” con cargo a las obras públicas.

Fiscalía sostiene que exdelegado de Medio Ambiente se apropió indebidamente de un bien público y que empleó su cargo y el personal del Ayuntamiento en su propio beneficio. Además, cree que los trabajadores transportistas cobraron los portes con dinero público y que las facturas se emitieron arbitrariamente y con albaranes falsos. Para estos trabajadores,  J.M.S. y A.J.R, Fiscalía pide 25 meses de prisión, multa e inhabilitación para cargo electo por seis años.

Además, según el documento del Ministerio Fiscal, los tres encausados deberían indemnizar al Ayuntamiento de Arcos con 2.240 euros por su responsabilidad civil en estos hechos, así como a pagar 480 euros por los portes cobrados con dinero público.