Andalucía Por Sí en Arcos anunciaba días atrás un concurso público convocado por el Ayuntamiento para la explotación del bar restaurante de centro municipal de Deportes Náuticos, en El Santiscal “cuando existe un pliego adjudicado en activo cuyo límite temporal aún no ha finalizado”, según la formación política, que añade que “la persona que resultó ganadora del concurso el año pasado ha puesto en conocimiento del partido su posible situación incómoda y de perjuicio”.
“Con la excusa de que el bar se ha movido de sitio, cuestión muy discutible bajo la visión de la promotora, el Gobierno municipal pretende sacar a licitación la explotación nuevamente con el agravante de que en esta ocasión el contrato se estipula por un plazo temporal de cuatro meses”, señala AxSí.
La actual propietaria del derecho de uso y explotación considera, así pues, “injusta la situación ya que su contrato tenía un límite de dos años y tan solo ha podido explotar el bien en cuestión uno de ellos, sin posibilidad de recuperar la inversión que realizó”. Desde AxSí solicitan una aclaración de este asunto al equipo de Gobierno y que se sopesen de forma responsable las medidas a tomar. “No podemos permitir un nuevo error del Ayuntamiento que conlleve otro juicio cuyo resultado pueda suponer una indemnización a la actual titular del contrato”, concluye la formación, que añade que “el deber de un gestor público es velar por los intereses de todos los ciudadanos, de su economía y del buen funcionamiento de los servicios”.
Desde el equipo de Gobierno no se ha hecho esperar la réplica. Su delegado de Deportes, Diego Zambrano, ha señalado que la decisión municipal tiene una base jurídica, para admitir que existe la posibilidad de un año de prórroga previo acuerdo entre las partes. Del mismo modo, asegura que existe un informe negativo contra el anterior concesionario del restaurante por supuestas “múltiples quejas, mala gestión del negocio, suciedad y atención defectuosa al público”.
El delegado concluye aseverando que “con estos antecedentes no podemos prorrogar a nadie” y señala que esta decisión se toma “velando por los intereses de los ciudadanos, de su economía y el buen funcionamiento de los servicios”.
Asimismo, insiste en que la explotación del servicio es por cuatro meses.
