En Barbate, dos asociaciones fundamentales en la atención a personas con discapacidad, ASIQUIPU y el Centro El Carmen Inclusión, se encuentran en pie de lucha. Afectadas profundamente por los recortes y la falta de una financiación adecuada, estas entidades han decidido alzar la voz en un momento en el que la situación ya no puede esperar más. La supervivencia de los servicios que prestan está en riesgo, y con ellos, el bienestar de cientos de personas que dependen diariamente de estos centros para llevar una vida digna y participativa en la sociedad.
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básicaLa problemática de la financiación para las entidades que atienden a personas con discapacidad no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado niveles insostenibles. En Andalucía, más de medio millón de personas con discapacidad dependen de estos servicios esenciales. Sin embargo, las tarifas que reciben estas asociaciones no cubren los gastos reales, y las entidades se enfrentan a una situación de "asfixia", como denuncia CERMI Andalucía (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad). Este comité representa a 18 entidades y más de 560 centros en toda la comunidad, y recientemente ha dado luz verde a una serie de movilizaciones ante la falta de respuesta del Gobierno andaluz y del estatal.
En este contexto, Barbate se ha convertido en un reflejo de esta problemática general. Las concentraciones de los días 24 y 31 de octubre frente a ASIQUIPU y el Centro El Carmen Inclusión no son solo una protesta local, sino un símbolo del malestar de todas las asociaciones en la provincia de Cádiz, que planean una gran concentración en la capital gaditana el 5 de noviembre.
ASIQUIPU y el Centro El Carmen Inclusión han sido durante años referentes en la atención a personas con discapacidad en Barbate. Estos centros no solo ofrecen atención directa y especializada, sino que también se han convertido en espacios donde las personas con discapacidad pueden encontrar apoyo emocional, inclusión y participación activa en la sociedad. Sin embargo, la falta de una financiación adecuada ha puesto en jaque su capacidad para continuar operando.
Durante las concentraciones, se leyó un manifiesto contundente, que expresaba de manera clara y directa el malestar de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad: “Nos encontramos aquí porque la situación es crítica y exige respuestas urgentes”. Con estas palabras, se inició la lectura de un texto que refleja la desesperación y el agotamiento de aquellos que han visto cómo sus demandas han sido ignoradas por las administraciones.
El manifiesto deja claro que la financiación actual no es suficiente para cubrir los gastos que las asociaciones deben asumir. "Las entidades de discapacidad hemos soportado durante años una carga creciente de costes: aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadores, incrementos en los precios de suministros, mantenimiento y nuevas exigencias legales y normativas". A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno andaluz en las últimas legislaturas, "este no ha sido suficiente".
La Desigualdad en el Sistema de Financiación
La falta de una actualización automática de los precios de los servicios que prestan las entidades de discapacidad en Andalucía ha sido uno de los puntos más reclamados en los últimos años. Desde ASIQUIPU y el Centro El Carmen Inclusión, como desde el resto de entidades de CERMI Andalucía, se ha insistido en que la financiación actual está desfasada, sin tener en cuenta el incremento de los costes de vida, los convenios colectivos de los trabajadores y las nuevas exigencias normativas que encarecen cada vez más la gestión de estos centros.
“El coste real de los servicios que ofrecemos no se corresponde con lo que recibimos por parte de la administración”, denuncian desde el manifiesto. Y es que, mientras las tarifas se han mantenido estancadas, los gastos de mantenimiento, personal y suministros han crecido sin cesar, hasta un punto en el que la supervivencia de estos centros está en peligro. “Esta disparidad entre los costes reales de funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de los centros nos está llevando al límite de lo insostenible”, se afirmaba con contundencia durante la concentración.
Reivindicaciones Urgentes: Un Pacto de Estado para la Discapacidad
Uno de los puntos centrales del manifiesto leído en Barbate fue la exigencia de un Pacto de Estado para asegurar la viabilidad del sistema de atención a la discapacidad. Esta demanda no es nueva, pero en los últimos tiempos ha adquirido una urgencia crítica. “Exigimos al Gobierno Nacional que se elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia”, recalcaba el manifiesto.
El Pacto de Estado implicaría que todas las personas con discapacidad en España tuvieran los mismos derechos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. Esto incluiría el incremento de la financiación del nivel mínimo de protección, que actualmente no cubre ni el 50% de lo necesario para mantener los servicios.
Por su parte, a la Junta de Andalucía también se le exige un nuevo modelo de financiación que cubra los costes reales, no solo de funcionamiento, sino también los necesarios para “ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona”.
Una Lucha por la Justicia, No por la Caridad
En el fondo de estas reclamaciones subyace una cuestión de derechos fundamentales. Las asociaciones de Barbate, al igual que en el resto de Andalucía, han dejado claro que su lucha no es por obtener más recursos por caridad, sino por justicia. “Queremos dejar claro que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos”, se afirma en el manifiesto. El derecho a la inclusión ya una vida digna depende en gran medida de los servicios que prestan entidades como ASIQUIPU y el Centro El Carmen Inclusión.
Los servicios que estas entidades ofrecen no solo mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que garantizan el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Sin ellos, muchas personas y sus familias quedarían desamparadas, sin el apoyo especializado que necesitan. “Sin estos servicios, millas de personas y familias quedarían relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan”, alertaba el manifiesto.
La falta de respuestas por parte de las administraciones ha llevado a estas asociaciones a una situación límite. Las protestas no son solo una forma de alzar la voz, sino también de visibilizar una problemática que afecta a toda la sociedad. Como se recalcó durante la concentración en Barbate: “Una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica”.
El futuro de ASIQUIPU y del Centro El Carmen Inclusión, al igual que el de muchas otras entidades en Andalucía, depende de que se tomen medidas urgentes. La supervivencia de estos centros está en juego, y con ellos, la dignidad y los derechos de millas de personas con discapacidad. Por ello, desde Barbate se hace un llamado a toda la sociedad para unirse en esta lucha: "Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica".
Si las protestas en Barbate no logran su objetivo, las asociaciones ya han trazado un plan de acción que no cesará hasta conseguir una respuesta clara por parte de las administraciones. El 5 de noviembre, las asociaciones de toda la provincia de Cádiz se concentrarán en la Plaza Ana Orantes, en la capital gaditana, en una movilización provincial. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el siguiente paso se llevará a cabo la protesta a Sevilla, frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.
El camino hacia una financiación justa es largo y lleno de incertidumbres, pero tanto ASIQUIPU como el Centro El Carmen Inclusión están decididos a no rendirse. Sus voces, junto con las de miles de personas en toda Andalucía, seguirán resonando hasta que se garantice un futuro digno para todas las personas con discapacidad. Es una lucha en la que cuentan con el respaldo de la razón y el sentido común, es una lucha por una financiación justa, por un compromiso real, y por el respeto a los derechos de todos y todas.
Esto es lo que se pide
El sector de la discapacidad en Andalucía, liderado por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía) y su presidenta Marta Castillo, ha alzado la voz ante la grave crisis que atraviesan las entidades que prestan servicios esenciales a más de 550.000 personas con discapacidad en la región. La situación actual, descrita como de "asfixia", se debe a un modelo de financiación obsoleto que no cubre los gastos reales de funcionamiento de los centros y servicios, lo que pone en riesgo la continuidad de estas atenciones imprescindibles para las personas con discapacidad y sus familias.
Según ha señalado Marta Castillo, las tarifas actuales están desfasadas y no se ajustan a los costes que las entidades deben asumir, como el incremento de salarios, los costes de suministros o el cumplimiento de nuevas normativas. Ante esta situación insostenible, CERMI Andalucía exige una revisión alza del coste por plaza en los centros y la implementación de un sistema de actualización automática de los precios de los servicios, conforme al IPC y teniendo en cuenta los incrementos salariales derivados de los convenios colectivos. de los trabajadores. Esto permitiría garantizar la viabilidad a largo plazo de las entidades y evitar la incertidumbre financiera actual que amenaza su trabajo.
Las reivindicaciones de CERMI Andalucía se dirigen tanto al Gobierno Nacional como a la Junta de Andalucía , instalando a ambas administraciones a asumir sus responsabilidades y garantizar una financiación justa y sostenible. Al Gobierno de Pedro Sánchez , se le solicita la creación y aprobación de un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema de atención a la dependencia que debe asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos independientemente de su lugar de residencia, lo que implica un incremento de la financiación del nivel mínimo de protección, abonado íntegramente por la Administración General del Estado. Esta financiación debería ir aumentando progresivamente hasta alcanzar el 50% de la aportación por parte de cada administración .
Por otro lado, a la Junta de Andalucía , CERMI Andalucía le reclama un nuevo modelo de financiación que permita cubrir los costes reales de los servicios públicos que las entidades prestan en nombre de la Administración, ante la falta de medios propios para hacerlo. Este modelo debe garantizar la sostenibilidad no solo de los costes operativos básicos, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades individuales de las personas con discapacidad.
El manifiesto leído en las concentraciones destaca que las entidades de discapacidad están al borde del colapso por la falta de recursos, lo que pone en peligro los servicios que ofrecen y, por ende, la calidad de vida de las personas que dependen de ellos. “No estamos pidiendo lujos ni privilegios, exigimos lo necesario para operar de manera sostenible y justa”, reza el documento, subrayando la necesidad de un compromiso firme por parte de las administraciones públicas para no tener que luchar cada año por la financiación básica.
CERMI Andalucía insiste en que la atención a la discapacidad no debe considerarse como una cuestión de caridad, sino como un derecho fundamental.
