En la mayoría de las ocasiones esta situación se produce por embargos ante la dificultad de las familias de hacer frente a la hipoteca. De este modo, desde el Ayuntamiento de Humilladero istan al Gobierno a que sean puestos a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
La iniciativa, que salió adelante con los votos a favor de IU y PSOE, y los votos en contra del PP, pide además un diagnóstico inmediato y actuaciones conjuntas desde la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la provincia sobre los numerosos desahucios de viviendas que se están produciendo en los últimos meses, además de moratorias ante la complicada situación económica.
La primera medida sería la creación de una comisión, en la que participarían asociaciones y colectivos de afectados, que analizara las personas que tienen actualmente este problema, creando alternativas que le permitieran o bien una prórroga para poder realizar el pago de la deuda o contar con pisos para instalarse una vez realizado el desahucio. También piden aprobar una moratoria para las familias cuya insolvencia es involuntaria.