Son propuestas contenidas en Personas mayores en condición de Vulnerabilidad, Maltrato y Abuso, un trabajo que aborda desde el estudio de factores de riesgo pasando por la prevención y protección tanto jurídicas como de respuesta social y sanitaria.
La obra, presentada en Madrid, es una iniciativa del vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre.
Obedece su publicación –dice Aguirre–, a que las estadísticas atestiguan claramente que los niveles de abusos y maltrato en los colectivos de mayores y de discapacitados son “considerablemente mayores” a los del resto de las personas y, además, registran un bajo nivel de detección.
El capítulo dedicado a la respuesta socio-sanitaria, firmado por los expertos Carmen Sánchez, Antonio Martínez y José Díaz Huertas, apunta a que los recursos de prevención, diagnóstico e intervención “no son muchos ni están demasiado coordinados”, y tampoco hay protocolos ni medios especiales.
Además, existe la dificultad de la víctima a contar el abuso, ya que tiene una gran dependencia afectiva de su familia y cuidadores y, en muchos casos, resulta más dramático denunciar a una persona a la que quiere y de la que se encuentra necesitada para hacer muchas de sus actividades cotidianas que el propio maltrato.
De hecho, la baja detección de casos de maltrato y violencia en los mayores se debe a que casi el 100% se producen por personas muy cercanas a la víctima, familiares y cuidadores.
Y el camino que lleva a los juzgados o a las comisarías no tiene un fácil recorrido para los mayores. Son bastante desconocedoras de qué deben hacer cuando son maltratadas o dónde tienen que denunciar.
Para frenar el problema, estos tres expertos plantean hacer un protocolo que permita a los médicos detectar maltrato en pacientes de edad; establecer una línea de teléfono de asesoramiento, similar al 016; crear una casa de acogida para casos urgentes; y definir un mapa sociosanitario en cada municipio, entre otras propuestas.
Sobre las medidas jurídicas de prevención y protección, las juezas Asunción Perianes y María Jesús Alia apuntan en ese sentido a que una normativa disgregada entre diversos órdenes jurídicos obliga a la víctima a iniciar “un peregrinaje de actuaciones jurídicas con el inconveniente de que en la mayor parte de los casos depende de las personas que ejercen los abusos”.
