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Cádiz

“La Mancomunidad de la Bahía de Cádiz no come pan, pero hoy no tiene competencias”

Su último presidente, David de la Encina, apuesta por abrir el debate sobre cómo regular el área metropolitana

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  • David de la Encina. -

David de la Encina está a punto de finalizar su mandato como presidente de la Mancomunidad de la Bahía. Pero aún reserva algo de tiempo para analizar el pasado, presente y futuro del ente supramunicipal que conoce a la perfección por su responsabilidad al frente del mismo.

Respecto a su origen, entiende que tuvo su razón de ser en los años noventa porque los ayuntamientos no tenían estructuras administrativas suficientemente desarrolladas como “los organigramas futuristas de gobiernos como el de Patricia Cavada en San Fernando”, y había confluencia de intereses para optar a las convocatorias de los fondos europeos, imposibles de conseguir acudiendo a las convocatorias individualmente entonces.

Pero no idealiza aquella etapa. “Era una jaula de grillos, una vez que consiguieron millones, era una odisea el reparto”, sostiene. A partir de entonces, y paralelo el fortalecimiento de cada ayuntamiento con personal técnico propio, “entró en una fase de meseta y, finalmente, de decadencia”.


De la Encina recuerda que apenas se gestionan cuatro servicios (balizamiento de playas, formación de personal municipal, el denominado coche ponemultas y la recogida y protección de animales abandonados).

En la actualidad, cuenta con cuatro empleados únicamente, unas oficinas en propiedad en el estadio Nuevo Mirandilla y un presupuesto estructural de 1,1 millones de euros al año. El cargo de presidente no está remunerado. “En estos cuatro años, he optado por exprimir los cuatro servicios, no meternos en honduras”, admite, “solicitamos fondos europeos, pero sabíamos que lo teníamos muy difícil y no se concedieron”.

Sobre el futuro, entiende que, “dado que no come pan”, se puede mantener, pero duda de que se disuelva porque hay municipios, como Jerez, que tiene una deuda de dos millones. Considera interesante, no obstante, abrir el debate sobre cómo regular y gestionar el área metropolitana.

No es partidario de crear nuevas instituciones o cambiar el nombre de la Mancomunidad por otro. Es preciso, concluye, desarrollar una ley autonómica y clarificar qué competencias podría tener. Quizá, así, tuviera sentido.

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