Luis López, delegado en Cádiz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), se muestra estupefacto ante el anuncio del alcalde, Bruno García, de que ha solicitado a la Junta de Andalucía que dé de baja a 280 inmuebles que se dieron de alta en la actividad en el casco histórico durante 2023, tras analizar un total de 400.
En declaraciones a VIVA CÁDIZ, López lamenta que el equipo de Gobierno tome decisiones “sin hablar previamente con el sector”. El primer edil “no se ha sentado con nosotros para abordar la situación”, remarca, y considera preocupante que haya asumido la normativa impulsada por José María González, Kichi, en el anterior mandato.
“Cuando se aprobó la limitación de las viviendas turísticas”, en octubre de 2022, “dije que esta no era la solución”, continúa. “Hoy -remacha-, la noticia no es que hay más pisos disponibles para vivir o en alquiler”.
El portavoz de AVVA sostiene que, incluso, en otras capitales, como Madrid, se está dando marcha atrás tras adoptar medidas similares a la que se llevó a cabo en Cádiz porque “los resultados son contrarios” a los esperados.
Asimismo, señala “el conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento”, dado que, con el procedimiento actual, basta con que el propietario dé de alta la vivienda con fin turístico ante la Administración andaluza, pero, sin embargo, posteriormente la autoridad municipal verifica que se ajusta a la normativa.
En este sentido, recuerda las objeciones por parte de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, dependiente del Gobierno de Juanma Moreno a la limitación municipal.
Por último, insiste en que es preciso abordar “con rigor” la realidad en Cádiz. “No hay datos fiables” sobre zonas tensionadas, insiste. De hecho, durante la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que supuso la limitación, AVVA elaboró un estudio en septiembre de 2022 con el número de anuncios de viviendas turísticas activos hasta esa fecha en el portal de reservas Airbnb, y determinó que existe una diferencia con respecto al registro de turismo de un 33%, que en términos absolutos suponía 1.235 frente a las 1.863 registradas oficialmente en aquel entonces.
