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Cádiz

“Nadie elige destino por si tiene que pagar tasa turística o no”

El diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, considera lógica la tasa y plantea además mecanismos de compensación del Gobierno a los municipios turísticos

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  • Germán Beardo y Daniel MacPherson, de Cádiz-Port. -

Este miércoles, Cádiz acogió a más de 12.600 cruceristas que desembarcaron de tres buques turísticos en plena polémica por el impacto de la actividad tanto social como medioambiental a raíz de las advertencias realizadas por Cádiz Resiste.

El vicepresidente cuarto de la Diputación  y responsable de Turismo, Germán Beardo, entró en el debate, a preguntas de VIVA CÁDIZ en la rueda de prensa por la firma del convenio entre la institución provincial y Cádiz-Port, mostrando su respeto por las opiniones de la plataforma ciudadana contra la turistificación, pero advirtiendo de que “lanzar mensajes que promuevan la negatividad contra el sector, que es uno de los principales motores económicos, nos hace mal a todos”.

No obstante, Beardo, aclaró que sí coincide en que “hay que introducir factores de corrección porque tenemos un problema de vivienda y de financiación de los servicios públicos”.

El también alcalde de El Puerto remarcó que como primer edil ha sostenido que las administraciones públicas supramunicipales deben “buscar fórmulas legales y normativas para ello” dado que su localidad, de 90.000 habitantes, dobla la población en temporada estival.

Otros municipios, como Conil, Rota, Chipiona o Chiclana, el incremento es mayor, agregó.

Ante ello, se mostró favorable al debate sobre la tasa turística y no se expresó en contra de su implantación porque “nadie elige destino para ir a visitar una ciudad europea si tiene” que pagar o no.

Pero también puso en la mesa, en la línea de lo defendido por la patronal hostelera Horeca, que el Gobierno central articule mecanismos “de compensación de renta” para los pueblos y ciudades de la costa, fundamentalmente, porque “hay una España que se vacía y otra que se llena”, y ésta debe afrontar un aumento de costes en los servicios públicos básicos.

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