El Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz ha afirmado hoy sentirse "víctima" de los responsables de varias residencias privadas de ancianos de Cádiz imputados por suministrar a los residentes comida procedente de esta organización benéfica.
A través de un comunicado, el Banco de Alimentos de Cádiz ha calificado de "desalmada" la conducta de las personas que han sido puestas a disposición judicial con motivo de la denominada "Operación Pócima" de la Guardia Civil.
Esta organización ha felicitado a la Guardia Civil por el éxito de las investigaciones que han conducido a desmantelar "un grupo de estafadores que utilizaron la labor solidaria" que desarrollan "para hacer negocios ilícitos y estafar a ancianos".
"El Banco de Alimentos es también víctima de estos hechos, al igual que las personas que estaban ingresadas en las residencias de ancianos", ha señalado el comunicado, que ha explicado que la práctica que ha desenmascarado la Benemérita "ha supuesto la pérdida de 140.000 kilogramos de existencias que habrían podido destinarse a personas que perentoriamente lo necesitan".
Banco de Alimentos ha destacado, sin embargo, la solidaridad de la población y de las empresas que colaboran con esta organización "para seguir logrando productos de primera necesidad para las cada vez más numerosas familias que, en medio de la profunda recesión económica, están en situación de emergencia social".
"Confiamos en que esa solidaridad ejemplar no sólo se mantendrá pese a estos censurables hechos sino que se eleve ante la convicción de quienes ayudan con lo que tienen para que otros que pasan necesidades puedan cubrir aspectos básicos", han añadido.
La Guardia Civil ha imputado a quince responsables de residencias privadas de ancianos de Cádiz por suministrar a los residentes comida procedente de la organización benéfica Banco de Alimentos, a pesar de que pagaban hasta 1.800 euros al mes por su plaza, según ha informado hoy el Instituto Armado.
Los imputados utilizaban además las tarjetas sanitarias de 68 residentes fallecidos para retirar medicamentos y útiles sanitarios por un valor superior de 9.000 euros.
