La número uno al Congreso, Teófila Martínez, ha defendido que la “política social no es cuestión de ideologías, sino de derechos y de responsabilidad” y afirma que “el objetivo del PP es conseguir una sociedad “más justa y con menos desigualdades, donde la igualdad de oportunidades no sea un eslogan”.
La dirigente popular agrega que para sostener el Estado del Bienestar, es importante que la “economía funcione” y destaca que “la mejor política social es el empleo, ya que aporta independencia a la persona y contribuye a que el Estado disponga de los recursos necesarios para poder garantizar los servicios públicos y la atención a los que lo necesitan”.
Martínez afirma que “las personas siguen siendo el centro de las políticas del PP”, apostando por un “gran pacto social” para hacer unos “servicios sociales más fuertes y eficaces”. Además, detalla otras medidas como la bajada de 2 puntos el IRPF a todo el mundo y la mejora de los mínimos personales y familiares exentos; la ampliación del cheque de 1.200 euros para que se puedan beneficiar también los contribuyentes discapacitados y sus cónyuges; mayor apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras y otorgaremos la condición de Familia Numerosa de Categoría Especial a partir del cuarto hijo.
También la puesta en marcha de un Plan de Apoyo a la Maternidad, con especial atención a las madres adolescentes, con ayudas de hasta 2.000 euros al año; el aumento de la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas y ampliaremos 10 días el permiso de paternidad para personas con discapacidad; y el impulso al cambio del huso horario y promoveremos que la jornada laboral termine a las 18 horas.
Martínez agrega que “el PP es garantía para las pensiones” que seguirán “subiendo ahora y en el futuro” y el reconocimiento a la maternidad en las pensiones con un complemento específico para las mujeres trabajadoras que han sido madres. También se apuesta por la libertad de elección de las familias, apoyando a la educación pública, incluida la concertada; la lucha contra el acoso escolar y a partir del próximo curso empezará a funcionar el teléfono contra el acoso, público, gratuito, disponible los 365 días y que no deja rastro; se incrementará las becas al estudio hasta máximos históricos y se promoverá que las tasas serán homogéneas con el fin de que los estudiantes no tengan que pagar más en unas CCAA que en otras; y elevar a las 100.000 plazas de FP Dual para que los jóvenes puedan adquirir formación y experiencia laboral al mismo tiempo.
Martínez hace hincapié en la “vocación social” del Gobierno de Mariano Rajoy y recuerda su apuesta por la política social a pesar de las dificultades económicas. En este sentido, recuerda la atención a sector más vulnerables con la “colaboración vital” del tercer sector, a las que “por primera vez se les reconoce su estatus por Ley” y que han recibido 17 millones para proyectos sociales en la provincia a cargo del 0,7% del IRPF; la garantía de las pensiones con una reforma del sistema que garantiza su viabilidad, evitando que nadie las congele como hizo el PSOE, y señalando que, desde 2013, los pensionistas gaditanos ganaron 60,34 millones de euros de poder adquisitivo. A ello, suma el complemento en pensiones para madres trabajadoras que en 2016 ya beneficia a 3.000 gaditanas y alcanzará los 12.000 beneficiaras en 2019.
En materia sanitaria, resalta la contribución del Gobierno popular a saldar la deuda de las comunidades autónomas, recordando que la Junta de Andalucía ha recibido a través del FLA y del FPPP más de 28.000 millones de euros, “prácticamente un presupuesto completo”, de los que destaca el FLA Social con el que la Junta ha saldado las deudas que mantenía con entidades locales respecto a servicios conveniados, con una inversión de 6,27 millones en la provincia. También apunta a servicios sociales y dependencia donde las transferencias del Estado han contribuido a su mantenimiento, desmontando las “mentiras” de la Junta que “reconoce el mismo Tribunal de Cuentas en su informe de 2014” y recordando cómo los ayuntamientos son los que están cubriendo los servicios que le corresponde al Gobierno andaluz, recordando la necesidad de una financiación local para garantizar los servicios públicos.
