La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, APDH, exige que se "abra una investigación seria" sobre el caso del preso del centro penitenciario de Puerto III que acabó con graves quemaduras en su cuerpo después de que, según los sindicatos que representación en el citado centro, prendiese fuego a los enseres de su celda.

"No sabemos las causas que han originado y provocado este desgraciado incendio; pero es obvio que hay motivos de sobra para que se abra una investigación seria, que es lo que exigimos desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía", indica.

La APDH señala que "no sabemos los motivos que han podido llevar a Dani (nombre ficticio), un preso de 29 años, a realizar este acto, si es que se hizo conscientemente, pero lo que sí sabemos es que tiene un grado de discapacidad psíquica del 56 por ciento, (como nos informaban sus familiares y porque en varias ocasiones nuestro servicio jurídico lo visitó en prisión ante su demanda de ayuda) y que llevaba cinco meses aproximadamente en el módulo de aislamiento de Puerto III".

"No podemos saber los motivos, pero lo que sí podemos exigir a la administración penitenciaria es que investigue. Que investigue no solo el qué y el cómo sino también el porqué. El propio Defensor del Pueblo estatal así lo establece en el informe MNPT antes referido: se indaga y documenta cómo se ha actuado desde el momento en que se ha tenido conocimiento del hecho, pero no se investiga por qué el protagonista de la conducta ha tomado esa decisión, y, sobre todo, en qué situación psicosocial lo ha hecho”

"Otra de las cosas que sí podemos hacer, en lugar de jugar a manejar hipótesis futuristas, es denunciar la falta de tratamiento psiquiátrico en nuestras prisiones. Y no solo lo denunciamos las organizaciones civiles que defendemos los derechos humanos, sino también el Defensor del Pueblo", explica el colectivo

Nos preguntamos entonces, y ahí ponemos el foco de la noticia, si es correcto por parte de Instituciones Penitenciarias mantener en aislamiento a una persona como Dani con un grave padecimiento mental. Nos preguntamos si existe tratamiento adecuado para las personas que se encuentran en esta situación; nos preguntamos si se aplica el programa de prevención de suicidios y nos preguntamos cómo es posible que, sabiendo todos estos datos, no exista sistema de extinción de incendios de apagado automático en los módulos que concentran un alto porcentaje de personas con riesgo de poner en peligro su vida o su integridad física" añade la APDH para quien "la administración penitenciaria es responsable de las personas que tiene bajo su custodia, tiene el deber y la obligación de velar por la vida, integridad y salud de los internos".

ALTA TASA DE SUICIDIOS

La APDH recuerda que en "el año 2015 fallecieron 155 presos en las cárceles del Estado. De los 155 fallecimientos registrados, 63 lo han sido por causas violentas (drogas, suicidios, accidentes, agresiones), 23 por suicidios".

"Las personas que trabajamos en las cárceles denunciando cualquier vulneración de los derechos humanos sabemos muy bien que la tasa de suicidios es mucho mayor en prisión y que aumenta significativamente en el régimen de aislamiento", explican.

"Los departamentos especiales de régimen cerrado (aislamiento) son aquellos que albergan el mayor número de personas con algún trastorno mental (diagnosticado o no) dado que estos departamentos especiales están destinados para personas que no se adaptan al régimen ordinario", pero "según establece el art. 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto (…)”

"Testimonios directos de este colectivo nos detallan cómo son y cómo es la vida en estos módulos cerrados. Se pasan los días, que se convierten en meses y hasta incluso años encerrados 21 horas al día en celda, sin actividades, sin tratamiento, sin esperanza. Pero para los que piensan que las organizaciones en defensa de los derechos humanos exageramos, el Defensor del Pueblo Estatal en el Informe 2016 de mecanismo nacional de prevención de la tortura establece que las instalaciones que albergan a estos internos suelen ser más restrictivas. Así, las celdas cuentan con elementos mínimos y las ventanas dan con frecuencia al muro del patio de luces. Los patios de paseo son normalmente de cemento, sin vegetación ni elementos para cualquier práctica deportiva y sin zonas techadas para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Debe recordarse que las salidas al patio se limitan a pocas horas al día”. relata la APDH.
Y es que "la prevalencia de patologías mentales en la población reclusa es cinco veces superior a la que tiene la población general. 8 de cada 10 personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental. En torno al 40 por ciento padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves”

Con estos datos "nos hacemos una ligera idea de la vida en estos departamentos especiales. Una persona con algún tipo de trastorno mental o de la personalidad, por lo general, no puede adaptarse a las normas del centro y en vez de destinarlo a departamentos adecuados para recibir el tratamiento necesario, es destinado a regímenes cerrados como castigo a sus conductas de inadaptación", por ello desde la APDHA "nos preguntamos ¿es por eso entonces un preso de peligrosidad extrema? y denuncia la falta de rigor de los medios al poner el acento de la noticia y hacer caso a los rumores sobre un plan premeditado de fuga".

En este sentido, los sindicatos penitenciarios fueron los que a través de una nota de prensa indicaron que sospechaban que lo que intentó el preso en cuestión al prender su celda era intentar huir cuando fuese trasladado el hospital.