El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha puesto de manifiesto hoy el “firme compromiso de la Junta de Andalucía con la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita” que ha beneficiado a un total de 48.073 personas en la provincia de Cádiz durante 2016. Belizón, que ha recordado que el pasado día 12 de julio se celebró el Día de la Justicia Gratuita, ha reconocido la labor de las abogadas y abogados, así como de las procuradoras y procuradores. En total en la justicia gratuita trabajan en Andalucía más de 10.400 profesionales: 9.200 abogados y 1.200 procuradores.
“La justicia gratuita”, ha subrayado el delegado, “es un compromiso irrenunciable y prioritario, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo el Gobierno andaluz para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica”.
Este servicio público garantiza el derecho a la representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales. De las más de 48.000 personas que se beneficiaron en la provincia de Cádiz de este servicio que prestan abogados y procuradores, 24.792 han sido usuarias del turno de oficio, mientras que 23.281 lo son de la asistencia que se presta a detenidos en el turno de guardia.
También ha subrayado que 27.459 procedimientos fueron resueltos por las comisiones de asistencia jurídica gratuita en la provincia de Cádiz 2016, de los que la mayoría corresponden a la jurisdicción civil y a la jurisdicción penal.
“Una prueba de que para la Junta de Andalucía es una prioridad el mantenimiento de este servicio fundamental es el esfuerzo que está realizando para garantizar su financiación y dar la mayor celeridad posible a sus pagos, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales”, ha agregado el delegado. El presupuesto para esta partida en 2017 asciende a 43,2 millones de euros, casi 5 millones más que en 2016. Desde 1997, Andalucía ha destinado más de 400 millones a la asistencia jurídica gratuita.
La justicia gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.
La Consejería de Justicia e Interior cuenta en su página web (http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior.html) con un simulador económico para que los ciudadanos puedan saber al instante si tienen derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
El simulador incluye diferentes preguntas sobre la situación de la persona que pueden dar derecho a ser beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.
La Consejería también ha impulsado un sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado “Temisa”, que permite agilizar los trámites en esta materia y avanzar en los pagos que la Administración autonómica realiza periódicamente por este servicio en Andalucía a más de 8.000 letrados y procuradores.
Esta aplicación tiene como objetivo mejorar la gestión del programa de asistencia jurídica gratuita y homogeneizar al mismo tiempo toda la información aportada por los abogados y procuradores encargados de la prestación de este servicio fundamental para la ciudadanía.
Plan de pagos
En la pasada legislatura se inició un plan de pagos acordado con los Colegios Profesionales que les permite saber con exactitud la fecha en la que van a formalizarse. Plan que se mantiene en la actual Legislatura.
Junto a ello, el turno de oficio ha recuperado este año los niveles previos al ajuste de 2012, de forma que en su retribución se incrementa en un cinco por ciento hasta recuperar el diez por ciento en 2018. En abril se pagaron los servicios prestados en el último trimestre de 2016, y este mes se pagarán los correspondientes al primer trimestre de este año, que ya tienen el incremento retributivo del cinco por ciento.
Asimismo, atendiendo a las reivindicaciones de los Colegios Profesionales, el acuerdo recoge que el abono de los gastos de funcionamiento será del ocho por ciento, tres puntos porcentuales por encima de lo que venían percibiendo.
