Una ciudad sostenible, por definición, es “aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura la justicia social”. Cádiz se aleja bastante de esta idea, ya que ocupa uno de los últimos puestos en un estudio realizado a nivel nacional. Según el informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, formado por investigadores de diversos campos, la capital gaditana se encuentra entre las ciudades con peor sostenibilidad general, colocándose en el puesto 49 de un total de 52 capitales.
La problemática principal pertenece a sectores como el social y el económico, debido a niveles de renta bajos, desigualdad, pobreza, paro o población envejecida. Uno de los puntos más alarmantes en Cádiz es la pobreza infantil, que coloca a la capital gaditana como la urbe con mayor tasa. Aunque este problema, lamentablemente, no sólo castiga a esta ciudad. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre pobreza infantil, titulado 'Niños pobres en países ricos: por qué necesitamos medidas de política', refleja que el rango de pobreza de los más pequeños es uno de los más elevados en España, mayor incluso que en países como México o Hungría.
Esto se debe a que desde 2008 el riesgo de pobreza y exclusión social se ha incrementado desde el 23,8% de la población hasta alcanzar un máximo del 29,2% en 2014, de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Desde entonces ha descendido ligeramente, situándose en 2017 en el 26,6%. Esta disminución ha estado muy por debajo de lo que hubiera sido necesario para cumplir con los objetivos establecidos por el gobierno español en el marco de la Estrategia Europa 2020, ya que la pobreza severa aumentó el pasado año en España.
Regresando al informe de sostenibilidad, la capital gaditana se encuentra a la cola en tres de los cuatro parámetros que miden la calidad de vida de las personas. Estos son los bloques económico, social y ambiental, notando una leve mejoría en el bloque de transparencia y cooperación. Esta posición no es más que un claro reflejo de lo que han supuesto los diez años de crisis, algo que nos conduce directamente a un tercer informe. En este caso el realizado por la Cumbre Social, formada por más de 120 organizaciones, donde se recogen los efectos de esta “década perdida”.
Y es que la recuperación económica de la que hablan los políticos “no llega a la mayoría de las personas, y afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Es preciso adoptar medidas para frenar el deterioro en las políticas sociales”, según la Cumbre Social.
