Una de las primeras exhumaciones que se dieron en la Transición fue en la provincia de Cádiz, concretamente en Jimena de la Frontera, en un lugar llamado ‘Cruz Blanca’. Se exhumaron cuatro asesinados por las represión golpista, y fueron las propias familias las que, conociendo el lugar, llevaron a cabo la exhumación en 1980. En aquellos años se efectuó alguna que otra más, como en Facinas, pero el 23F hizo paralizar aquel primigenio movimiento memorialístico hasta los últimos compases del siglo XX. Hoy, casi 44 años después de ser enterrado en el Valle de los Caídos, el dictador Francisco Franco será exhumado y trasladado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo.
Para muchos llega 40 años tarde. Cuatro largas décadas en las que las víctimas han tenido que compartir lecho con su verdugo. Cuelgamuros, la mayor fosa común de España, acoge 33.833 cadáveres, 12.410 de personas desconocidas, llevadas desde todas las provincias. También desde Cádiz. La noticia llega en un buen momento memorialístico para la provincia de Cádiz. A pesar de ser una de las regiones donde la represión fue más contundente, de no disponer todavía de un estudio de compendio y de que el nuevo gobierno de derechas de la Junta de Andalucía no haya aportado mucho en la materia desde su llegada. Pero, sin embargo, es un buen momento porque las asociaciones están trabajando para que así lo sea. Cádiz cuenta con una Casa de la Memoria, situada precisamente en Jimena, un proyecto único en Andalucía. Además, la memoria cuenta con el apoyo de otras instituciones, como es el caso de la Diputación Provincial con el legado que dejara Carlos Perales.
Antonio Chico, portavoz de la Plataforma por la Memoria Histórica de Cádiz, reconoce tomar la noticia “con satisfacción” y le parece “bastante importante que por fin salga de donde está, que es el mismo sitio donde se encuentran las personas que fueron asesinadas por órdenes suyas”. En cuanto al momento resalta una doble importancia ya que “en Andalucía se ha paralizado la Ley de Memoria, por lo que es primordial que se continúe con ella a nivel nacional y, sobre todo, realizando actuaciones como la exhumación de Franco”. Por lo tanto, Chico, en nombre de la Plataforma, asegura que “nos llena de alegría porque vemos que por fin se cumple con lo que se está legislando”. Muestra a su vez incomprensión por la tardanza y porque se haya “escuchado tanto a la familia del dictador, mientras que no se escucha a los familiares que tienen los restos de sus seres queridos en fosas y piden recuperarlos”.
Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede), Javier Pérez Guirao expone que la exhumación es un “hecho favorable”, aunque “consideramos que no es la única exhumación pendiente, ya que hay muchas más aunque no sean igual de mediáticas. Muchas víctimas siguen en las cunetas, cementerios y rincones desconocidos”. Desde esta asociación lamentan “no haber visto que este Gobierno en funciones haya destinado fondos para nuestros trabajos” y critican, en cierto modo, que los recursos económicos se estén destinando a sacar a Franco “mientras seguimos trabajando con miseria y autofinanciación para las excavaciones”. Pérez Guirao añade que aún “quedan pendientes como Primo de Rivera o Queipo de Llano en la Macarena. Quizás Franco deba ser el que abra la veda”.
Por su parte, Paco Aragón, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Puerto Real, opina que “viene tarde” porque “deberían haberlo sacado hace mucho tiempo, pero no a él solo, sino también a José Antonio Primo de Rivera que sigue allí”. Aragón va más allá con esta exhumación, ya que en su opinión “habría que sacar a todos los republicanos que hay allí, devolverlos a sus familiares o hacerlos descansar en otro lugar y eliminar el Valle, ya que es un símbolo franquista y la Ley obliga a que se eliminen”.
Finalmente, el secretario de Memoria Histórica de la ejecutiva provincial del PSOE, Miguel Guerra, señala que “el mantenimiento de los restos de un dictador en un espacio de reconocimiento público es una anomalía democrática, que no se da en ninguna democracia y no debía darse en España”. De esta forma, con el traslado de los restos el Gobierno va a cumplir con recomendaciones de la ONU y el Parlamento Europeo. “A partir de hoy vamos a ser un país mucho más digno y más democrático”.
