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Campo de Gibraltar

Londres acusa a España de seguir imponiendo controles "políticamente motivados" en La Verja

El Gobierno británico ha acusado este viernes a España de seguir actuando de forma ilegal por la imposición de controles "políticamente motivados" en la frontera con Gibraltar

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Reino Unido ha asegurado este viernes que está "seguro" de que España está infringiendo la legislación europea al imponer controles "políticamente motivados" en la frontera con Gibraltar, pese al dictamen emitido por la Comisión Europea que afirma que el Gobierno español ha actuado conforme a la ley.

   "Seguimos estando seguros de que el Gobierno español ha actuado, y sigue actuando, de forma ilegal, mediante la introducción de controles desproporcionados y políticamente motivados" en la Verja, ha afirmado el Foreign Office tras el dictamen de Bruselas, según informa Reuters.

   En declaraciones a la BBC, un portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha señalado que Londres "da la bienvenida a las recomendaciones de la Comisión de que el Gobierno español debería adoptar medidas para garantizar que la frontera entre España y Gibraltar funciona con normalidad".

   Asimismo, ha precisado que el Ejecutivo de David Cameron también ve con buenos ojos "el compromiso de la Comisión de revisar los progresos ante sus recomendaciones en seis meses".

DICTAMEN DE BRUSELAS

   La Comisión Europea ha dictaminado este viernes que España no ha infringido las normas de la Unión Europea al endurecer los controles fronterizos en Gibraltar desde el verano tras el conflicto con las autoridades del Peñón por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras.

   El Ejecutivo comunitario da así la razón al Gobierno de Mariano Rajoy frente a las autoridades británicas, que habían denunciado que el aumento de los controles estaba políticamente motivado y vulneraba la legislación comunitaria.

   El dictamen de Bruselas, que incluye una serie de recomendaciones tanto para España como para Reino Unido, es el resultado de la misión de expertos que el Ejecutivo comunitario envió a Gibraltar el pasado 25 de septiembre.

   "Sobre la base de sus observaciones durante esta visita técnica y la información aportada por las dos autoridades, la Comisión no ha encontrado pruebas para concluir que los controles sobre personas y mercancías, tal como han sido practicados por las autoridades españolas en el paso fronterizo de La Línea de la Concepción, han infringido las disposiciones del derecho de la Unión en esta materia", ha afirmado el Ejecutivo comunitario.

   "La gestión de este paso fronterizo, no obstante, constituye un reto, habida cuenta de los fuertes volúmenes del tráfico en un espacio relativamente reducido y el aumento de la introducción de tabaco de contrabando en España. La Comisión considera que las autoridades de ambos lados deberían tomar medidas ulteriores para hacer frente mejor a estos retos y formula tres recomendaciones a ambos Estados miembros", señala el informe.

   "La Comisión opina que pueden obtenerse resultados en la lucha contra el contrabando y la delincuencia transfronteriza, así como mantener la fluidez del tráfico, mediante la cooperación diaria entre las autoridades que trabajan en cada lado de la frontera", señala el informe. Por ello, el Ejecutivo comunitario "anima a todas las autoridades pertinentes a reforzar el diálogo constructivo con sus homólogos a este respecto.

   Asimismo, ha formulado una serie de recomendaciones en sendas cartas enviadas este viernes a España y Reino Unido. El Ejecutivo comunitario seguirá supervisando la situación en el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción y ha solicitado recibir, dentro de seis meses, información de ambas autoridades sobre cómo se han tenido en consideración las recomendaciones.

   Bruselas se reserva el derecho a reconsiderar su posición, si la situación cambiara o evolucionara, así como a realizar otra visita al paso fronterizo de La Línea de la Concepción, si fuera oportuno en el futuro.

   La misión a Gibraltar no abordó las cuestiones contra el fraude fiscal ni tampoco los problemas medioambientales por el lanzamiento de bloques de hormigón. Estos últimos están siendo examinados aparte por Bruselas a raíz de una queja formal presentada por España.

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