Inmaculada Nieto, ha lamentado el desamparo en el que vuelven a quedar los andaluces a raíz de la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de la Vivienda decretada por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso planteado por el Gobierno del Partido Popular. Señalando que en la provincia de Cádiz hay en estos momentos 24 expedientes de expropiación que se están tramitando y tres de ellos se encontraban ya en trámite de información pública, por lo que ha lamentado que a partir de este momento se cree una situación de indefensión, a espera de que se admita la petición de la Consejería de que se elimine la suspensión cautelar al afectar a derechos básicos ciudadanos.
La dirigente de IU aseguró no entender las “formas” empleadas por el Gobierno de Rajoy con Andalucía sobre este asunto y comparó este trato con el diálogo que en cambio ha mantenido el Gobierno con Cataluña para poner en marcha una ley de vivienda “muy parecida a la de Andalucía y que a día de hoy permite que algunos ayuntamientos estén recurriendo a la sanción para las viviendas vacías sin que el Gobierno haya recurrido ante ningún tribunal”. A criterio de Nieto, el problema reside en que “el Sr. Rajoy no puede consentir que desde Andalucía se hagan políticas alternativas” y señaló que la experiencia de gobierno IU-PSOE de Andalucía “no vale en el concepto bipartidista” de la política. Así, recriminó que en el caso de la Ley de Función Social de la Vivienda andaluza, el Gobierno haya optado por “el recurso, los tribunales y situarse al lado de los poderosos antes que dialogar con la Junta de Andalucía”.
La también portavoz municipal de la federación de izquierdas ha reprochado la falta de sensibilidad del gobierno local, con su José Ignacio Landaluce a la cabeza, respecto a los problemas de vivienda que padecen muchas familias algecireñas. “Prueba de ello es el hecho de que hayan torpedeado durante meses el cumplimiento del acuerdo plenario que impulsaba la firma del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Junta de Andalucía y que es un importante instrumento para prestar servicios a la ciudadanía que se encuentra en riesgo de perder su vivienda”.
Para Izquierda Unida, Landaluce como diputado sostiene a un gobierno que se sitúa del lado de los poderosos con este recurso y como alcalde se desentiende de sus responsabilidades para con las familias algecireñas en riesgo de desahucio.
