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Andalucía

El TG-22 podría costar ya al Ayuntamiento de San Roque 17 millones

Hoy el alcalde conocerá si Wehr ha vuelto a recurrir el auto de julio y en ese caso habrá más retraso. Los continuos recursos por parte de Sotogolf y Wehr han llevado a tenerlo paralizado 12 años

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  • Parcela del TG-22 -

A mediados del mes de julio, el Ayuntamiento de San Roque recibió el cuarto auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras la sentencia dictada en  2004, y ratificada por el Tribunal Supremo, que daba la razón a la empresa Sotogolf señalando que Wehr (la sociedad que en 2002 ganó el concurso de adjudicación de la parcela TG-22 para la construcción de plazas hoteleras y residenciales) habría incumplido las bases del concurso y que no había aportado los balances económicos de los tres últimos años.

Desde entonces, los servicios jurídicos municipales han estado estudiando ese auto. En resumidas cuentas, según explicó el concejal Jesús Mayoral, del equipo de Gobierno y portavoz del PIVG, pasa por “la adjudicación por parte del Ayuntamiento del proyecto. En este proceso no interviene la Mesa de Negociación”.

Ayer, Junta de Portavoces
La Secretaria Municipal trabaja en un informe que, precisamente ayer, se conoció en Junta de Portavoces. Y es que la intención del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, era llevar el asunto al próximo pleno ordinario, a celebrar a final de mes.


De hecho, el equipo de Gobierno, “para no caer en ningún tipo de prevaricación”, tiene previsto remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las consultas necesarias “para que lo que aprobemos en pleno esté absolutamente dentro de la legalidad”, advirtió Mayoral.

Posibilidad de más retraso
No obstante, un posible recurso por parte de la sociedad Wehr SL podría volver a retrasar el expediente. Y es que en la Junta de Portavoces de ayer se hizo saber que la sociedad podría haber vuelto a recurrir el auto judicial. “No está confirmado. El Ayuntamiento no ha sido informado, pero el alcalde lo averiguará”, indicó Mayoral, quien señalaba que hoy se podría saber si efectivamente se ha presentado el recurso y si el TSJA lo ha admite a trámite. En caso de ser así, no iría a pleno de nuevo y se retrasaría de nuevo la adjudicación.

Mayoral teme que “este proyecto, a este paso, puede tardar otros diez o doce años más en ver la luz”. Pero lo que más le preocupa, como edil de Hacienda, en los costes que puede suponer para las arcas municipales.

Costo para el Consistorio
La última vez que hablamos con Mayoral sobre el asunto, en julio, hablaba de una indemnización a Wehr (en caso de que finalmente no fuera el adjudicatario del proyecto) de unos quince millones de euros. Ahora la cantidad asciende ya a 17. “A falta del lucro cesante, Wehr SL reclama al Ayuntamiento 17 millones de euros. Solo en intereses de demora son 5 millones”, apuntó. Así las cosas, si el proceso de adjudicación finalmente quedara desierto o lo ganara Sotogolf (la otra empresa que lucha por el proyecto), el Ayuntamiento tendría que pagar al propietario esa cantidad y el terreno volvería a ser propiedad municipal.

Posturas contrarias
Durante estos años, la Plataforma Vecinal Calle de la Iglesia y de la Torre se ha mostrado en contra del proyecto. Apuestan por un paseo marítimo y viviendas bajas. Igual que Mayoral: “Mi partido nunca ha querido este proyecto. Ahora nos toca porque estamos en el equipo de Gobierno. La legalidad siempre irá por delante. Lo que queremos es que se ejecute la sentencia”, dijo.

Fue en el año 2002 cuando se adjudicaron las obras de este ambicio proyecto urbanístico en una de las zonas más selectas de nuestro país, en Torreguadiaro, a la entrada de Sotogrande, a escasos 150 metros del mar.

Proyecto ambicioso

El proyecto El Vigía, contemplaba la construcción de un hotel resort de lujo, con 110 habitaciones, y una zona residencial con 160 viviendas de lujo.

A día de hoy, aún pervive la caseta de ventas, aunque salvo algunos días aislados en los que aparece un empleado de la empresa que trabaja allí a puerta cerrada, parece un “proyecto fantasma”.

Doce años van de espera y  podrían seguir alargándose en el tiempo por el enfrentamiento en los tribunales de dos empresas que pugnan por la TG-22.

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