El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha anunciado que "en la última asamblea de propietarios de la EUC de  Sotogrande, informado por los representantes de la entidad de conservación,  se hizo un repaso de la situación en la que se encuentran los contenciosos entre
los vecinos y las administraciones".

Según explicó, "están relacionados con la ponencia de valores catastrales, contra la resolución del catastro, y las tasas de agua y de basura aprobadas por la Mancomunidad, no solo afecta a vecinos de Sotogrande sino también a los de Pueblo Nuevo, y en el caso de la retirada de basura de puerta a puerta puede servir de jurisprudencia para otros lugares". 

Mayoral aclaró que "de momento el recurso al  catastro, perdido en primera instancia, sigue su curso de recurso en los tribunales, los de la tasa de basura aún no tienen resolución y de la tasa del agua existe una sentencia del TSJA a favor de los vecinos, anulando las subidas, que en contra de los vecinos tienen recurrida la concesionaria Sotogrande, que está en su legítimo derecho para defender sus intereses, la Mancomunidad y la Junta de Andalucía que incomprensiblemente no defienden los intereses de los vecinos".

El edil argumentó que "el presidente de la Mancomunidad, Diego González,  se quería desmarcar y
así lo sacó en prensa, diciendo que  que era la Junta de Andalucía la que aprobaba las tarifas. Efectivamente es la Junta de andalucía la que aprueba las tarifas pero previamente se deben proponer y aprobar en la Mancomunidad, en este caso y la buena noticia para los vecinos afectados, es que la Junta de andalucía ha retirado su recurso por lo que solo está acompañando a la concesionaria en esta aventura contra una sentencia favorable a los vecinos la Mancomunidad gobernada por el PP".

Jesús Mayoral portavoz del PIVG,  puso alegaciones a estas tasas de agua y de basura en la Mancomunidad, que fueron desestimadas, por lo que se puso a disposión y colaboró con los colectivos vecinales, para que se interpusieran los contenciosos correspondientes.

"Pedimos desde el PIVG, que igual que la decisión tomada por la Junta de Andalucía de retirar su recurso, y aunque nunca debieron recurrir las administraciones posicionandose de esa forma con la concesionaria contra los vecinos igual que ha tomdao esa decisión de retirar el recurso la
Junta de andalucía, lo haga tambien la Mancomunidad", apuntó en un comunicado.

Insistió una vez más que "la Mancomunidad además de ser un órgano político que sobra porque su estructura solo responde a los intereses partidistas del PP y PSOE, no tienen ninguna sensibilidad por los vecinos, posicionandose a favor de la concesionaria despues de perder la sentencia en el TSJA".