La Fiscalía Superior de Andalucía denuncia en su memoria anual que "lo más lamentable es la pasividad de la Administración ante la ausencia de recursos para menores víctimas de trata" que existen en otras comunidades pero no en Andalucía.
En la memoria de la Fiscalía, correspondiente al ejercicio 2016, el Ministerio Público lamenta que "para menores víctimas de trata, no hay recursos en Andalucía. Sí en otras comunidades autónomas pero son reacias a admitir menores de otras comunidades" y critica que la administración andaluza no "llegue a acuerdos de colaboración con entidades especializadas".
En concreto, la Fiscalía de Córdoba alude en la memoria al caso de tres menores que entraron en España alegando ser mayores de edad y que, tras comprobarse que no era así,fueron tutelados por la Junta e "ingresaron en centros de protección ordinarios, pese a que desde la Fiscalía se dirigieron oficios al Servicio de Protección con el objeto de que se procediera al traslado de las menores a un recurso especializado".
"Claramente los profesionales de un centro ordinario, no saben abordar esta compleja problemática", expone la Fiscalía en su memoria, tras lamentar que a pesar de sus "requerimiento y advertencias oportunas" y aunque "se emplearon algunas cautelas, como restringir las salidas a las menores", dos de ellas que se encontraban en el mismo centrado desaparecieron del mismo en septiembre.
La tercera cumplió los 18 años en diciembre y "ahora sí, una vez alcanzada la mayoría de edad se derivó a un centro específico para víctimas de trata en otra provincia, pero durante la minoría de edad de la misma no contó con ese recurso".
El Ministerio Público considera en su memoria que la falta de centros de protección de menores específicos para aquellos que son víctimas de trata "incumple el Protocolo Marco de las víctimas de trata de seres humanos" y el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas 2015-2018 que prevé "traslado a un recurso especializado", un plan en el que participan las comunidades autónomas.
En general, la memoria fiscal alerta de "un aumento considerable en la entrada de menores extranjeros no acompañados en territorio andaluz" durante 2016, casos tras los cuales se esconden redes de trata y en los que el Ministerio Público interviene muchas veces ordenando diligencias para determinar su minoría de edad -que ellos mismos niegan- y proceder a su protección.
La provincia con más expedientes incoados es Almería, con 518 para la determinación provisional de la edad (generalmente mediante pruebas oseométricas) y 22 para pruebas de ADN con el fin de comprobar la filiación de los niños con adultos con los que venían fingiendo en algunos casos ser sus padres. Igualmente en Algeciras se han dictado 417 decretos, tres en Cádiz y 19 en Jerez.
También en Granada se han incoado 327 expedientes "debido a la entrada masiva" de menores por la costa granadina.
En Córdoba se han abierto en esta materia 33 diligencias, dictándose 30 decretos, de los cuales 25 fueron de mayoría de edad y cinco de minoría de edad, "un aumento considerable respecto de los diez incoados en 2015.
Por contra en Huelva "no es un problema acuciante" pese a lo cual se han abierto 12 expedientes frente a los cinco del año anterior, y en Jaén 13.
