El pabellón C del complejo Diego Salinas, adquirido la gran parte por la Junta de Andalucía desde cerca de 18 años para ubicar el Palacio de Justica declarado en estado ruinoso por los servicios técnicos de urbanismo del ayuntamiento, sigue en un estado lamentable y cualquier día puede ocurrir una desgracia.
En el mandato anterior siendo responsable de la disciplina urbanística el PIVG, se abrió expediente a la Junta de Andalucía para la reparación del edificio en base a los informes técnicos que habían declarado el estado de ruina en que se encontraba el mismo. Ante la inacción de la Junta de Andalucía, se procedió a la imposición de multas coercitivas contempladas en la ley con una sanción de 46.000 euros en base a la valoración efectuada por los servicios de urbanismo.
La junta de Andalucía recurrió las sanciones por entender que eran sanciones excesivas, manteniendo los técnicos de urbanismo que se adecuaba a las reparaciones que se deberían hacer que habían valorado en más de 400.000 euros. Ruiz Boix al sacar mayoría absoluta, paralizó los expedientes y no siguió con estas multas.
El año pasado trató de hacer una permuta de este edificio con el actual de propiedad del ayuntamiento donde se ubica Protección Civil, para iniciar la recuperación de este edifico y a la vez con cargo anticipado a las arcas del ayuntamiento, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos reconstruir el edificio de Protección civil, para llevar allí los juzgados, siendo una competencia de la Junta de Andalucía, pero que este alcalde generoso con el gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía en vez de reclamar la inversión, tapa su incompetencia .
La permuta hasta la llevó al Pleno, con un preacuerdo con la Junta de Andalucía, pero la tuvo que retirar puesto que se encontró con los informes negativos de las habilitadas nacionales, porque la permuta era inviable y el ayuntamiento no podía poner ningún dinero, ya que la Junta de Andalucía tiene una deuda tributaria con el ayuntamiento de más de medio millón de euros del IBI del edificio que lleva 18 años sin pagarle.
El edifico sigue en ruina, y cualquier día puede ocurrir una desgracia pues ya ha habido caídas de parte de los techos del edifico y en vez de obligar a que La junta de Andalucía que realice la inversión necesaria según la valoración técnica que seguro ya sobrepasa la primera valoración y se puede estimar en más de 500.000 euros, no continúa con las sanciones que corresponda como se hace con cualquier vecino que comete una infracción urbanística , lo mismo ocurre con el más de un millón de euros que deben del IBI.
La junta de Andalucía antes de hacer tanta propaganda ahora en las elecciones lo que debe es pagar a San Roque lo que debe y rehabilitar este edifico que está en ruina. Desde el PIVG obligaremos que el alcalde cumpla con su obligación
