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La electrificación de la Algeciras-Bobadilla da un nuevo paso administrativo

Adif adjudica a Ayesa el estudio informativo de la electrificación del tramo Bobadilla-Ronda

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  • Línea ferroviaria. -

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana(Mitma), ha formalizado, tal y como publica recoge hoy la Plataforma de Contratación del Estado y próximamente publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato de servicios para la redacción del Estudio Informativo de la electrificación de la línea Bobadilla-Algeciras, en el tramo Bobadilla-Ronda, en la provincia de Málaga, con la empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U., por un importe de 362.032,00 euros (IVA incluido). El contrato dispone de un plazo de 24 meses para el desarrollo de los trabajos.

La línea de ancho ibérico Bobadilla-Algeciras, inaugurada en 1892, es un trazado de 176,2 km de longitud en vía única no electrificada en el que está en marcha un conjunto de actuaciones para la mejora y renovación integral de la plataforma y superestructura existentes, así como para su electrificación.

El tramo Bobadilla-Ronda tiene una longitud de 73,6 km y siete estaciones (Bobadilla, Campillos, apeadero de Teba, Almargen, apeadero de Cañete la Real, Setenil de las Bodegas y Ronda). Las actuaciones que se contemplan se corresponden con la electrificación del tramo a 25 KV, así como sus instalaciones asociadas.

Las alternativas planteadas serán desarrolladas con el alcance necesario para que los documentos generados puedan de servir de base a los procesos de información pública y de audiencia a las administraciones (o información oficial) establecidos en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, así como en la legislación ambiental (Ley 21/2013,del9 de diciembre, de evaluación ambiental).

El contrato incluyela prestación de Servicios de Ingeniería (consultoría y asistencia),para la realización de los mencionados trámites de información pública y audiencia a las administraciones, análisis de alegaciones y obtención, en su caso, de la Declaración de Impacto Ambiental, hasta la aprobación definitiva del Estudio Informativo.

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