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03/07/2022  

Conil

Impotencia y rabia: un vecino de Conil podría entrar el prisión por una vivienda irregular

Juan Jesús Ramírez, vecino de Conil, con 36 años, mujer y dos hijos pequeños, ya relató a este medio el drama en el que lleva sumido desde hace años

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  • Juan José Ramírez, en una imagen de archivo, junto a otros vecinos afectados por sentencias judiciales.
  • En la zona del Sultán del Charco, afirmaba Juan José, “desde 2008 hasta 2016 se han construido más de 600 viviendas… lo tengo en un plano”

Juan Jesús Ramírez, vecino de Conil, con 36 años, mujer y dos hijos pequeños, un requerimiento judicial para que ingrese en prisión en el plazo de cinco días si no presenta documentación que acredite que se encuentra en proceso de regularización.

No hemos hecho nada distinto al resto de las siete mil viviendas. Sabemos que es ilegal pero no entendemos cómo pueden tirar mientras que otras miles no están en fiscalía, e incluso no han pagado ni una multa

Juan Jesús Ramírez, tal y como nos relató en su día, se construyó la casa en 2008, año en el que fue denunciado. Desde ese año en su zona, junto al Charco Sultán “se han construido decenas de nuevas viviendas… pero ninguna está en Fiscalía. He preguntado en el Ayuntamiento y me han dicho que al que le toca, le toca. No es justo”.

Este punto es importante. ¿Qué se soluciona derribando una veintena de casas? “Nada, el problema de la vivienda irregular sigue… Se han construido más de dos mil viviendas desde 2008 y se siguen construyendo a día de hoy. No al ritmo de antes, cuando el boom en la primera década de este siglo, pero se sigue construyendo. El 60 por ciento de los vecinos de Conil vive en el campo. Hay 22.000 vecinos y 7.300 viviendas irregulares…”.

Juan Jesús ahonda en que “no se soluciona tampoco el problema de la vivienda. En mi caso estuve cinco años en lista de espera para una VPO porque comprarse una vivienda en Conil es prohibitivo porque hablamos de unos precios altísimos”, por eso muchas personas optaron por hacerse su propia casa en parcelas en el campo compradas o que ya pertenecían a la familia.

Sobre todo años atrás “cuando había cierta permisibilidad incluso desde el Ayuntamiento. Cuando preguntabas no te decían no la hagas porque te la derribarán”. Por eso desde la Pavic tienen claro que “el responsable de esta injusticia es el Ayuntamiento. Cuando pagué la primera multa y cuando me llegó la primera carta de la Fiscalía, me decían que no me preocupara y mira ahora”.

Porque detrás de todo este proceso burocrático, administrativo y judicial se esconden verdaderos dramas humanos. La mayoría de estos 25 afectados por sentencias de derribo “vivimos allí. Si tiran la casa nos quedamos en la calle y arruinados”.

Hagan la suma. El derribo, si lo ejecuta el Ayuntamiento, supone una factura de entre “doce y catorce mil euros”. A eso hay que añadir, además del coste en sí de la construcción de la vivienda, la primera multa que se pagó al Ayuntamiento. La segunda que viene junto a la orden de derribo y el pago a abogados. Y en muchos casos la adaptación de la vivienda para acceder al AFO… “Una ruina… yo ya llevo gastado en multas, abogados y demás, unos veinte mil euros”, afirmaba David, otro vecino afectado cuya casa aún sigue en pie, es decir, veinte mil euros sin el coste del derribo.  Un gasto que “no nos sirve para nada”.

E insiste “¿derribando mi casa, una entre siete mil en Conil y más de 360.000 en Andalucía, se soluciona el problema de la vivienda irregular? No está cerca de un río, ni aislada en un entorno natural… nuestras casas están repartidas en zonas donde hay miles… la mía tiene incluso un patio de vecinos… la última casa denunciada fue en 2016 y en estos cinco años se han construido más de mil viviendas”.

En la zona del Sultán del Charco, afirmaba Juan José, “desde 2008 hasta 2016 se han construido más de 600 viviendas… lo tengo en un plano”. Para este vecino “el beneficiado ha sido el Ayuntamiento, que gracias a estas casas ha generado empleo, ha cobrado y cobra impuestos,  y hace favores que luego son votos”.

Juan José estuvo a punto de entrar en prisión en 2019… de hecho, tal y como comentaba meses atrás, “puedo entrar mañana mismo”. Estuvo en busca y captura. Llevó a cabo una recogida de firmas… junto unas doce mil. “Hablé con el fiscal y me dieron una demora de dos años para que regularizase la vivienda a través del AFO. Mi casa está pegada al pueblo y había prevista una modificación del PGOU en la que entraba al parecer mi casa. He estado yendo todos los meses pero han pasado tres años y no han hecho nada. Dicen que está en proceso de contratación pero no hay nada a día de hoy, con lo que se acaba el plazo”

“Puedo entrar en prisión mañana… esa es la realidad”. El motivo es que junto al año y seis meses de cárcel por construir una vivienda ilegal le cayeron nueve meses más por desacato “ya que me negué a tirarla”.

La impotencia…  la impotencia le carcome. “No hemos hecho nada distinto al resto de las siete mil viviendas. Sabemos que es ilegal pero no entendemos cómo pueden tirar mientras que otras miles no están en fiscalía, e incluso no han pagado ni una multa. Cómo pueden tirar las nuestras mientras se sigue construyendo. Cómo pueden tirar las nuestras, que son primeras viviendas, mientras hay personas, entre ellas algunos concejales, que tienen cuatro, cinco e incluso diez casas ilegales que son para alquilarlas en verano”.

Juan José asegura que “tengo amigos que no trabajan y viven solo de alquilar varias casas en verano. Conozco a gente que tiene catorce viviendas”. Impotencia al pensar por qué no se actúa en esas viviendas en las que no vive nadie, que son segundas residencias, que no afectan a familias que “si nos tiran la casa nos quedamos en la calle”.

Saben que “es imposible derribar siete mil viviendas, pero ¿qué se arregla, qué se soluciona tirando una, como la mía, que está en mitad de otras seiscientas?”.

Los miembros de la Pavic afirman que “hacemos todo lo que nos pidan para regularizarlas… para acceder al AFO muchos ya hemos cambiado las fosas sépticas para homologarlas… pagamos el IBI, la basura, el agua, la luz”, pero, afirma Antonio, “hay jueces que no lo admiten  al tener una sentencia firme y la misma ley de la Junta no se mete al ser una tema ya juzgado”.

Saben además que “se puede dar el caso que algunas de las zonas donde están nuestras casas, en unos meses ya se pueda construir… hay previsión que se regularicen a través de planes especiales… pero ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Derribando las nuestras y dejando el resto no se arregla nada y lo saben”.

¿Hasta dónde van a llegar para alcanzar sus objetivos? La respuesta es clara… “Hasta donde haga falta… no vamos a permitir que nos quiten la vida. Todos somos familias, todos tenemos hijos”. La idea de formar la plataforma “nos ha ayudado porque antes luchábamos cada uno por nuestra cuenta y nadie nos hacía caso”. Ahora convocan concentraciones como la que realizaron en coche en marzo del pasado año. También han convocado una manifestación para el 29 de enero, pendiente de obtener el permiso y que podría atrasarse debido a la situación de la pandemia. Unidos acuden a los plenos “y cada vemos se visualiza más nuestro problema”. Además, “antes íbamos al Ayuntamiento y ni nos atendían. Ahora ya al menos nos atienden”.

Eso sí, “creemos que algunas casas se van a derribar porque no se va a mover nada para evitarlo. Pero también estamos convencidos de que va a ocurrir algo gordo porque estamos desesperados”.

Desesperación que quedaba  patente en las palabras de Juan José. “Ya se lo dije al alcalde, si me derriban la casa, me subo al campanario y me tiro y que ellos se hagan cargo de mis hijos. Estoy arruinado para qué voy a seguir viviendo sino puedo ofrecer a mis hijos ni siquiera una casa en la que vivir. Algo va a pasar porque la gente está desesperada”.

Impotencia. Rabia. Agravio comparativo. Cabezas de turco. Desesperación.

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