Una deuda de alrededor de dos millones de euros contraída por la extinta Sociedad Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) mantiene bloqueado el desarrollo del Centro Andaluz del Vino, que la Junta iba a ejecutar gracias a una partida económica de 1,2 millones de euros financiada en su totalidad por la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, que se nutre a su vez de fondos de la Unión Europea (UE).
Ya el pasado mes de julio, la alcaldesa, María José García-Pelayo, reconoció que la existencia de una carga oculta en el bien cedido por el Ayuntamiento a la Junta para el desarrollo de este proyecto estaba de algún modo frenando su ejecución.
Ahora, fuentes de la Administración autonómica han revelado que el volumen de esa carga ronda los dos millones de euros y se corresponden con una subvención que el Estado otorgó a la extinta sociedad para el desarrollo del suelo en el que se encuentra ese edificio.
El Ayuntamiento remitió un escrito a la Dirección general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado 23 de agosto solicitando la liberalización de esa carga, dado que se considera incongruente que mantenga su vigencia a pesar de que la sociedad que generó la deuda ya se ha disuelto.
Ahora se está a la espera de que el Estado ofrezca una respuesta afirmativa, algo que se antoja determinante para que la Administración autonómica asuma la cesión de un bien que en principio le había sido transferido con una carga de apenas 39.000 euros.
El problema es que el Centro Andaluz del Vino no va a ser una realidad antes del 31 de diciembre de este mismo año, que era algo que se antojaba imprescindible para lograr la financiación europea.
La Administración autonómica admite ya que ese objetivo inicial es imposible de alcanzar y de ahí que haya buscado una vía alternativa de financiación en los fondos Feader.
De este modo, el margen para ejecutar esta inversión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.
El futuro Centro Andaluz del Vino está concebido como un espacio destinado a la I+D+i del sector vitivinícola, contribuyendo a su crecimiento a través del desarrollo de herramientas tecnológicas y de gestión productiva.
De igual modo, se desarrollarán programas de capacitación y asesorías orientadas a profesionales técnicos y operarios. En esencia, la intención de la Junta pasa por trasladar al edificio del PCTA todos los servicios que se encuentran ahora en la Estación de Viticultura de la calle Córdoba.
La cesión del Ayuntamiento a la Junta fue aprobada en el Pleno municipal a principios del mes de octubre de 2022, hace prácticamente un año.
Ya entonces el Gobierno local advertía de que de este modo culminaba un expediente “muy farragoso y trabajado” que además venía a resolver “un problema histórico” de la ciudad, ya que no conviene olvidar que el PCTA entró tiempo atrás en concurso de acreedores tras verse obligado a devolver subvenciones que no llegaron a ser ejecutadas.
La Junta debió esperar hasta enero para tener en su mano un oficio del Ayuntamiento que cuantificaba en 39.695 euros las cargas de la parcela. Ahora, Hacienda ha añadido los dos millones de aquella deuda a esas cargas, algo que es inasumible para la Junta.
