La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a hasta tres años y medio de prisión a las siete acusadas en el caso cuyo juicio estaba señalado para este lunes por dos delitos de prostitución abusiva y otro contra la salud pública en un burdel de Granada capital, en el marco de un acuerdo de conformidad entre las partes en el que se ha incluido también la suspensión de la entrada en la cárcel bajo condición del pago de una multa, la no comisión de otros ilícitos y el alejamiento de las dos víctimas durante cuatro años.
Las ahora condenadas tienen entre 60 y 32 años, entre ellas algunas con nacionalidades brasileña y colombiana, y todas ellas españolas por naturalización o residencia legal, salvo una, en situación irregular, sobre la que pesaba una agravante por el delito de drogas, si bien se ha anulado en tanto finalmente no consta su participación en este ilícito en este caso.
De este modo, esta última queda condenada a dos años de prisión, uno por cada delito de prostitución de las dos víctimas, que han sido testigos protegidos en la causa, en la que inicialmente esta procesada se enfrentaba a un total de 12 años de cárcel, mientras que las otras seis lo hacían a diez, tres por cada uno de los citados ilícitos, más cuatro por el de drogas, una pena que en la calificación final de la fiscal, al que se han adherido las defensas, ha quedado reducida a un año y medio para ellas.
Estos últimos ilícitos, por el que han sido condenadas seis de las procesadas --que de este modo reciben penas de tres años y medio de cárcel--, llevan aparejados multas de 669 euros. Además, habrán de abonar, al igual que la acusada sólo por prostitución, 5.292 euros, una sanción agravada para la suspensión de las penas privativas de libertad, que podrán pagar a plazos durante 18 meses, y siempre conforme a los condicionantes que el magistrado presidente les ha detallado con la condena 'in voce', firme en tanto las partes no recurrirán el fallo, para cuatro años.
Todo ello después del pago de la responsabilidad civil con carácter previo por 14.000 euros, lo que ha permitido incluir la circunstancia atenuante de reparación del daño, y el reconocimiento de todas ellas de los hechos y la aceptación del acuerdo "de forma libre y voluntaria", como les ha preguntado específicamente el tribunal.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han especificado que durante los próximos cuatro años no podrán delinquir en ningún ámbito y de lo contrario irán a la cárcel. El cumplimiento de las órdenes de alejamiento y el abono de las multas a pagar también son condiciones obligatorias para no ir a prisión e incluyen las de más de 2.100 euros que llevan aparejadas las condenas por los dos delitos de prostitución, han agregado.
Dos de las acusadas, de 59 y 44 años, fueron las responsables de regentar el negocio, en dos plantas de un inmueble ubicado en el barrio de Doctores, y anunciado en una página web, con la finalidad, según detallaba la fiscal escrito de conclusiones provisionales, y este lunes ratificado en la Real Chancillería, al que tuvo acceso Europa Press, "de lucrarse con la prostitución ajena".
La primera de ellas era la responsable del alquiler del inmueble "por importe de 1.300 euros mensuales y acondicionado para esta actividad, convirtiendo todas las habitaciones en dormitorios para el ejercicio de la prostitución menos una en la que alojaba a las mujeres en literas".
Participaban también las otras cinco procesadas, quienes "eran encargadas del negocio por turnos de 12 horas entre semana y otros dos turnos los fines de semana". De este modo habían estado al cargo de presentar a las mujeres a los clientes y de realizar "los cobros de los servicios, amén de otras funciones propias de esta actividad".
Según proseguía el ministerio público en su relato de hechos, en el inmueble también "se vendía cocaína a los clientes, sustancia que era ofrecida por las mujeres que ejercían la prostitución por orden de las acusadas, quienes recaudaban directamente el dinero de la venta".
Las dos testigos protegidas en esta causa habían "consentido en esta actividad debido a su condición de extranjeras, su precaria situación económica en España, tener obligaciones familiares en sus países de origen y carecer de soporte familiar o social en Granada". En el caso de una de ellas a todo ello se unía "su situación administrativa irregular, que le impedía el acceso a otra clase de trabajo".
Estas circunstancias habrían sido aprovechadas por las acusadas para "imponerles condiciones de trabajo abusivas", obligándoles supuestamente a "fotografiarse desnudas y en poses provocativas para subir las fotos a la web".
"Tenían que vivir y pernoctar en la casa, donde dormían en literas, y estar disponibles las 24 horas al día para acudir al salón a cualquier hora para hacer la pasarela", que era "una exhibición ante el cliente para su elección, situación que se daba especialmente en las horas de descanso".
Asimismo, "sólo podían salir dos horas al día para las compras de comida y aseo, siempre antes de las 19,00 horas y dentro de una zona delimitada para poder volver inmediatamente en caso de que llegara un cliente" y percibiendo "el 60 por ciento del precio de los servicios que prestaban, que eran para 15, 20, 30 y 60 minutos, 30, 40, 50 y cien euros respectivamente".
También les habían estado cobrando "30 euros por la estancia simulando un contrato de subarriendo de habitación con el que se pretendía simular la actividad que realizaban en caso de intervención policial" y podido multar "con 50 euros en caso de que su comportamiento no fuera del agrado de las acusadas".
DROGAS EN SUS DOMICILIOS
En registros realizados en el burdel y en los domicilios de las dos condenadas por regentar el negocio se halló droga por valor de 669 euros. Las siete se enfrentaban inicialmente, por los dos supuestos ilícitos de prostitución abusiva, a 6.480 euros de multas, las cuales se han visto reducidas este lunes hasta los 2.172 euros. Por el de drogas se enfrentaban a 1.500 euros de multas, que finalmente son de 669 para seis de las procesadas.
