Ecologistas en Acción ha iniciado acciones judiciales contra dos funcionarios responsables del Departamento de Recursos y Sanciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a cuya “inactividad” achacan la prescripción de sanciones por vertidos ilícitos de aguas residuales en los cauces públicos de los ríos Guadalquivir y Guadalete.
En una nota de prensa, la organización ecologista explica que ha decidido denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al secretario general técnico y a la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Sancionador de la viceconsejería de Medio Ambiente por “la negligente conducta administrativa de no resolver durante años recursos de alzada de infractores” contra las resoluciones de la Delegación Territorial en Cádiz que les imponían multas y obligaciones de restauración del Dominio Público Hidráulico.
Según ha explicado Javier Farfante, abogado de Ecologistas en Acción, estas resoluciones datan de expedientes abiertos entre 2013 y 2015 por sucesivos vertidos de agua sin depurar o superando los límites legales en varias zonas rurales del término municipal de Jerez, como Las Pachecas, Lomopardo o La Ina, al río Guadalete; y en Sanlúcar de Barrameda, al río Guadalquivir.
Ambos ayuntamientos interpusieron recursos de alzada contra las multas y órdenes de restauración ante la Consejería, que tenía legalmente un plazo máximo de tres meses para responder.
Ante la denuncia de Ecologistas en Acción, la Sección Tercera del TSJA dictó una sentencia en febrero de 2021 que obligó a la Viceconsejería a resolver los recursos de alzada.
Pero para entonces, la resolución de los recursos ya contaba con que los plazos han prescrito, pues se ha superado en casi seis años el plazo establecido para responder.
Para Ecologistas en Acción “la grave irresponsabilidad en que han incurrido los órganos implicados en la resolución de estos expedientes (...) ha ocasionado, no sólo la falta de recaudación de las multas impuestas, sino también un tremendo perjuicio al medio ambiente y los ecosistemas naturales”.
“No solo no se restauraron los espacios contaminados, sino que estos dos funcionarios, con su actitud manifiestamente negligente, permitieron que los infractores pudieran continuar impunemente con los vertidos contaminantes”, indican.
“Las sanciones administrativas y la reparación de daños medioambientales tienen como finalidad proteger de forma efectiva el derecho humano al medio ambiente y tener suficiente efecto disuasorio sobre los potenciales infractores para evitar la comisión de infracciones administrativas y daños ambientales. Si no se cumplen se genera un perjuicio a los intereses generales y se favorecen las actuaciones ilegales”, apuntan.
En el procedimiento que se ha iniciado ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, Ecologistas en Acción exige que se tramiten expedientes de responsabilidad disciplinaria contra A.S.M, que ostentaba la Secretaría General Técnica y contra M.M.M. que ostentaba la jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones.
Lo solicita al TSJA después de haber reclamado sin éxito a la Junta de Andalucía que abriera un expediente sobre el trabajo de los dos funcionarios denunciados ahora.
Ecologistas en Acción considera que, al margen de estos casos que conoce de primera mano porque la organización está implicada en los expedientes, es una práctica “generalizada” que no se respondan los recursos de alzada contra sanciones de este tipo y que por tanto sus sanciones prescriban, según su abogado.
“Tenemos constancia de que los ayuntamientos lo saben. Por sistema recurren las sanciones a Sevilla y así no llegan a nada, consiguen que prescriban”, asegura.
Por ello “ante esta continua situación de inactividad por órganos de la administración, permitiendo graves afecciones al medio ambiente” Ecologistas en Acción anuncia que “iniciará nuevas acciones contra aquellas autoridades y cargos técnicos que, con sus graves omisiones, favorezcan la destrucción del medio ambiente y la impunidad de los infractores”.
