La responsable de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo, ha presentado esta semana una solicitud ante la Fiscalía de la Región de Murcia con objeto de que se abran diligencias penales y se investigue "si Cajamurcia tuvo o dispone en estos momentos de tarjetas opacas como las que utilizaron los directivos de Caja Madrid".
Máximo, que estuvo acompañada en el momento de la presentación por Manuel Hernández, miembro del Consejo de Dirección nacional de UPyD, explica que el escrito argumenta que la existencia de este tipo de tarjetas de crédito no declaradas en las cajas de ahorros de toda España, Cajamurcia incluida, "formaría parte de un procedimiento habitual generalizado de retribución a consejeros y otros directivos".
"En todas las Comunidades Autónomas existían cajas con una estructura análoga y un gobierno corporativo que seguía los mismos patrones en todas ellas", siendo en el caso concreto de la Región de Murcia esta caja "la que operaba durante los años previos a la crisis financiera y la posterior reestructuración bancaria".
"DUDAS RAZONABLES"
Es precisamente la cuestión referida al gobierno corporativo lo que a juicio de UPyD "despierta dudas razonables", ya que desde la entrada en vigor de la Ley 31/1985 de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorro, vigente hasta el 29 de diciembre de 2013, la dirección de las cajas pasó de estar copada por técnicos y personas con perfil financiero y bancario, a estar ocupado directamente por políticos o personas afines al mundo de la política, "en ocasiones carentes de todo conocimiento financiero".
La formación magenta señala en la solicitud "que no era infrecuente" la presencia de concejales o diputados en los consejos de administración de las mismas, por lo que no debe olvidarse que desde la entrada en vigor de dicha ley de 1985, "han sido los mismos partidos políticos como PP, PSOE e IU los que han colonizado esos puestos".
Y es que, según refleja el escrito presentado a la Fiscalía y al que ha podido acceder Europa Press, "como consecuencia de esos procesos de reestructuración han comenzado a salir diversas informaciones relativas a las operaciones irregulares que habrían sido llevadas a cabo en una parte considerable de ellas".
UPyD se refiere principalmente a operaciones relativas a la remuneración de los consejeros y el equipo directivo, la concesión de préstamos en condiciones beneficiosas, las operaciones inmobiliarias, la manipulación de los estados contables y, en general, relacionadas todas en mayor o menor medida con una administración desleal de los fondos de las Cajas, que muchas "ya se encuentran en los Tribunales".
Tras lo que recuerda el llamado caso Bankia, que se encuentra en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, "que es el que mejor simboliza el colapso del sistema de Cajas de Ahorros: una entidad politizada, opaca y mal gestionada por unos directivos y consejeros con sueldos millonarios".
"Por desgracia, lamenta la formación política, no es el único: Caja Segovia, Caja burgos, Caja Navarra y muchas otras están presentes en muchos procedimientos penales derivados de la gestión que de ellas realizaron sus gestores".
Para, posteriormente, hacer especial mención a la operación "irregular" descubierta en Caja Madrid, "que ha producido una auténtica conmoción social por lo disparatado de los gastos y las maneras mostradas por los ex consejeros y directivos de la entidad, que necesitó ser rescatada por un agujero financiero superior a los 22.000 millones de euros".
En concreto, UPyD se basa en tres conceptos básicos para exponer su solicitud a la Fiscalía, como son la reestructuración del sistema financiero español y su impacto en las cajas de ahorro; la existencia de tarjetas de crédito opacas, ocultas a los auditores, la Agencia Tributaria y otros organismos de supervisión y control; y la existencia de este tipo de tarjetas en el resto de las cajas de ahorros como parte del procedimiento habitual de retribución de consejeros y otros directivos.
ESTUDIARÍAN PERSONARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR
En declaraciones a Europa Press, la responsable de UPyD en Murcia, Fuensanta Máximo, ha detallado que la solicitud la han presentado en las Fiscalías de todas las Comunidades Autónomas en las que las cajas de ahorro "tienen sedes sociales" motivado porque "en prensa han salido publicados las declaraciones de bastantes autoridades del mundo financiero o judicial diciendo que es algo que lo de Caja Madrid podría estar ocurriendo en otras cajas de ahorros".
Máximo se refiere, en concreto, a que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, apuntara hace unos días al posible uso de tarjetas opacas en otras antiguas cajas de ahorros o el hecho de que el Ministerio de Hacienda vaya a lanzar un plan de inspección, centrado en las empresas del Ibex 35, para conocer si estas grandes empresas utilizan tarjetas de crédito ocultas al fisco, tras el escándalo surgido entre los directivos de Caja Madrid, que gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012 a través de estas 'tarjetas en b'.
Asimismo, UPyD pide que se informe a la formación sobre esta investigación "por si decidimos personarse como acusación particular en caso de que la Fiscalía decidiera llevar a cabo un proceso penal".
Y es que Máximo considera que "el escándalo ha sido tan importante y parece tan generalizado" que, a su parecer, "hay motivo suficiente para que las Fiscalías den el paso de intentar ver lo qué ha pasado y depurar responsabilidades".
