Agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional se concentrarán en un acto de protesta contra "los continuos ataques que recibe el sector" el próximo 5 de septiembre, cuando los ministros de la Unión Europea (UE) se reunirán en Córdoba.
Según han avanzado las organizaciones agrarias en una nota, la movilización tendrá lugar a las 11,00 horas en la Puerta del Puente (Plaza del Triunfo), en Córdoba, y está convocada por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias debido a "la situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se llevan a cabo desde Bruselas, junto a la desidia y entrega a ciertos 'lobbies' que actúan contra el mundo rural".
El campo español "clamará por tener el mismo trato que reciben terceros países". Consideran fundamental que "se exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, igualdad de condiciones laborales, de uso de productos fitosanitarios y controles rigurosos en las fronteras".
Asimismo, las organizaciones agrarias han destacado que en estos momentos "existe una situación ruinosa" para todos los sectores productivos del país debido a "los altos costes de los 'inputs' necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que, pese a suponer una carga administrativa insoportable al sector, no soluciona los problemas al no contar con recursos suficientes para garantizar unos precios que cubran los costes de producción".
A ello, hay que añadir que, en Bruselas, "se aprobó una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) desenfocada y fuera de la realidad que exige más con menos recursos, que ha incrementado la burocracia de forma brutal, y que exige nuevas obligaciones sin rigor científico que conllevan mayores costes y menores producciones".
Así, los agricultores y ganaderos españoles reclamarán a los ministros de Agricultura de la UE que "consideren a la alimentación como un asunto de máxima prioridad, cambiando el rumbo de la política agraria para que ésta garantice la soberanía alimentaria europea".
Para ello, ven "fundamental proteger al tejido productivo, es decir, a los agricultores y ganaderos europeos, de forma que éstos puedan cumplir con su principal función: la seguridad alimentaria tanto en cantidad como en calidad para el conjunto de los ciudadanos españoles y europeos".
