La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba acoge este lunes el juicio a un hombre acusado de la supuesta comisión de un delito continuado de estafa a dos autoescuelas en el pago de ayudas recibidas del erario público, hechos por los que el Ministerio Público solicita penas por un total de cuatro años de prisión y una multa de 2.400 euros.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, como representante legal de una asociación, obtuvo una subvención de cerca de 219.000 euros del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), destinada a cubrir gastos de formación referidos en un acuerdo de noviembre del año 2008.
Para dar cumplimiento a las condiciones de la ayuda, la asociación decidió subcontratar el plan de formación con distintos centros de seguridad vial, para impartir la acción formativa correspondiente a 15 participantes, valorándose la prestación del servicio en 38.662 euros, y por otro lado, un contrato idéntico al anterior, con facturación por parte del perjudicado de la misma cantidad.
Pese a la realización de todos los planes formativos objeto de contratación, y que la asociación había recibido de la Junta de Andalucía una transferencia por importe de 163.895 euros, esto es, el 75 por ciento del total de la subvención en diciembre de 2008, con anterioridad a la suscripción de ambos contratos, la misma asociación supuestamente se negó a pagar a las dos autoescuelas aludidas "bajo el pretexto de que no habían cumplido con la parte del compromiso de lograr un porcentaje de colocación de alumnos del 60 por ciento".
No obstante, en las actuaciones consta que la asociación como beneficiaria "acogida al mismo plan de subvenciones, había concertado con dichas autoescuelas, y otras en distintos planes de subvención ajenos a esta causa por todo el territorio de la comunidad andaluza, con empleo de textos contractuales similares, sin que en ninguna ocasión hubiera exigido a las empresas subcontratistas obligación alguna de facilitar la colocación de cupos de alumnos".
De este modo, según el fiscal, al no haber cumplido con su compromiso la parte beneficiaria, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está tramitando el correspondiente expediente de reintegro, sin que conste que lo haya obtenido.
Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito continuado de estafa por el que pide cuatro años de cárcel y 2.400 euros de multa para el procesado, representante de la asociación, y en caso de no ser condenado por ello, solicita las mismas penas por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida.
