Toda la encrucijada se remonta a junio de 2015 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 41,1 millones de euros 95 concesionarios de automóviles Audi, Volkswagen y SEAT – que fue quien dio el chivatazo-, dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector por implementar acuerdos de fijación de precios "y otras condiciones comerciales que mantenían secretos" en territorio español. Podría ser uno de los cárteles con mayor número de afectados.
Tras ello, los distribuidores presentaron sendos recursos contra las multas ante la Audiencia Nacional, habiéndose confirmado casi la totalidad de sus sanciones. Los distribuidores han seguido recurriendo ante el Tribunal Supremo, que está inadmitiendo la mayoría de los recursos, por lo que en la mayoría de casos la sanción es firme.
El casi centenar de empresas llevaron a cabo prácticas prohibidas, constitutivas de cártel, habiendo quedado acreditado que las empresas concesionarias “adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales, así como el intercambio de información sensible en el mercado de distribución de turismos de las marcas Audi, Volkswaguen y Seat a través de concesionarios independientes del fabricante y de concesionarios propiedad de la marca”. Del mismo modo, ha quedado acreditado que “las empresas adoptaron sus acuerdos con manifiesta ocultación y secretismo, valiéndose de mecanismos específicos de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos e, incluso en algunos supuestos, de instrumentos de sanción para los incumplimientos”.
La incidencia económica que supuso la creación de estos cárteles para los compradores de vehículos fue notoria, pues no pudieron beneficiarse de mayores descuentos o mejores condiciones comerciales y que, por tanto, adquirieron los vehículos en condiciones menos ventajosas que en un contexto de libre competencia.
En el entramado, se distinguieron siete “Zonas”, que delimitaron otros tantos cárteles: Madrid, Cataluña, Andalucía, Norte, Asturias, Valencia (respecto de Audi-VW) y Madrid (respecto de SEAT). La duración acreditada de los cárteles varía dependiendo de las zonas, remontándose en los supuestos más extensos al año 2006 y prolongándose hasta junio de 2013.
Aquí en la zona de Cádiz han sido sancionados Solera Motor, BahiaMóvil y Atalaya Motor, por lo que las personas o empresas que adquirieron vehículos desde 2009 a 2013 de estas marcas en estos concesionarios podrán solicitar la indemnización de los daños y perjuicios por los motivos expuestos anteriormente.
