El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig han presentado un escrito de recusación contra los magistrados del TC Enrique Arnaldo y Concepción Espejel al entender que ambos "han tomado posición" respecto a los recursos de amparo interpuestos contra el Tribunal Constitucional.

En un escrito conjunto de 86 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa también solicita que se aparte a sendos magistrados de los recursos de amparo mixtos interpuestos por los recusantes contra distintos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC).

Consideran además que las condiciones de su designación como magistrados --ambos a propuesta del PP-- "obliga a un examen detenido de las circunstancias que concurren" en su caso, recordando además que la "imparcialidad judicial es una exigencia obligada" que deriva de la Constitución, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Tanto Arnaldo como Espejel accedieron al Pleno del Tribunal Constitucional a raíz del acuerdo alcanzado por PSOE y PP para la renovación parcial de la corte de garantías. Ya cuando se conoció que eran los nombres propuestos, se puso el acento en que Arnaldo había colaborado con la Fundación FAES, afín al PP, y se puso de relieve que Espejel, quien fuera presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el 'caso Gürtel'.

"TODO EL PESO DE LA LEY" SOBRE LOS INDEPENDENTISTAS

Para argumentar su petición Puigdemont y los exconsellers ponen en el foco a Arnaldo, a quien acusan de "pedir mediante la firma de un manifiesto que cayera 'todo el peso de la ley' sobre los recusantes como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la causa política" del 1 de octubre, relacionada con el intento de secesión del independentismo.

Recuerdan además que Arnaldo "llegó a tildar de 'enfermos del sectarismo' a quienes discreparan de la decisión" del que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "de interponer una querella criminal por el delito de rebelión" contra los dirigentes separatistas que participaron en la celebración del referéndum de autodeterminación.

Todo ello en su libro 'Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder', en el que Arnaldo muestra "su animadversión hacia los recurrentes en amparo, así como su parecer favorable al hacer de su amigo Manuel Marchena como Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

La defensa apunta también que, en otros extractos, Arnaldo se refiere a los recusantes como "instigadores de una demanda instrumentalizada con un objetivo perturbador de la instrucción de la causa penal abierta a la que el Tribunal Supremo ha dado ya respuesta" y calificando de "huidos", entre otros, a Puigdemont y los exconsellers.

SIMILITUDES CON LA SITUACIÓN DE OTROS DOS MAGISTRADOS

Su caso, defiende el escrito, reúne las mismas características que el de los también magistrados Antonio Narváez y Cándido Cónde-Pumpido. "En su día tuvieron que apartarse de los recursos de amparo interpuestos por mis representados, después de ser recusados por estos, por su evidente parcialidad", sostiene.

El Pleno del TC aprobó en abril la abstención presentada por Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña. A Conde-Pumpido se le suma la abstención de Narváez, quien también se apartó de estudiar dichos recursos contra la sentencia del 'procés', después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia los hechos de 2017 de 'golpe de estado'.

En esta línea, solicitan la recusación haciendo referencia a la posición adoptada por Arnaldo con respecto a la inmunidad parlamentaria de los dirigentes independentistas, que habría calificado como "desfasada", así como sus manifestaciones acerca del aforamiento de los mismos.

"QUERIDA CONCHA"

Y en contra de Espejel, el escrito pone de relieve su "estrecha relación con el Partido Popular"." Que ha dado lugar, incluso, a que haya venido siendo conocida comúnmente en los medios de comunicación en los últimos años por el apelativo 'querida Concha' que le dedicó la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal", aseveran.

Así las cosas, también solicitan su recusación aludiendo a la labor de Espejel en la Audiencia Nacional. "No resulta, pues, inocua la participación Espejel en su empleo de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el enjuiciamiento de la causa a la que anteriormente nos hemos referido", afirman.

En este contexto, insisten en que Espejen avaló "la incriminación por sedición de los recurrentes", dando además "buena muestra de su opinión personal de que la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017 fue un hecho delictivo".

JUNQUERAS, RÖMEVA Y BASSA TAMBIÉN PIDEN QUE SE LES APARTE

Este escrito se suma al presentado por la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconsejero catalán Raul Römeva y de la exconsellera Dolors Bassa, que solicitaron que se apartase a ambos del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña al considerar que ambos adolecen de sesgo ideológico para conocer de esos recursos.

Esta no es la primera vez que condenados por el 'procés' solicitan recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo. En febrero Junqueras y Römeva solicitaron al TC que apartara al magistrado Cándido Conde-Pumpido del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideraron que el magistrado no era "neutral" ni "imparcial" ya que en una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el 'procés'.

El TC confirmó por primera vez la sentencia del 'procés' en abril de 2021, cuando el Pleno rechazó el recurso presentado por el ex consejero Jordi Turull contra la condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación que le impuso el Tribunal Supremo.

La decisión no fue unánime, porque contó con el voto discrepante de dos de los nueve magistrados que decidieron sobre este asunto, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.