El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha considerado un “error” hacer cualquier comentario sobre el comunicado difundido por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) con las condiciones para liberar al ciudadano francés que tiene de rehén.

“Comprenderá que el Gobierno no valora los comunicados de los miembros de AQMI. Sería un error valorar cualquier declaración o manifestación”, afirmó en una rueda de prensa en Madrid con su colega ucraniano, Petro Poroshenko.

El ministro de Exteriores insistió en la necesidad de actuar con “discreción y prudencia” para tratar de resolver cuanto antes el secuestro de los tres miembros de la ONG Barcelona Acció Solidaria. Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual fueron raptados el pasado 29 de noviembre en la principal carretera de Mauritania cuando iban en un convoy con material humanitario con destino a Senegal.

El ciudadano francés fue capturado cuatro días antes en territorio de Mali. En su comunicado, AQMI advierte a los Gobiernos de Francia y Mali que “serán responsables de la vida del rehén” si no cumplen sus exigencias en el plazo previsto.

Moratinos pidió “discreción” y “confianza” en las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para resolver el secuestro de los tres cooperantes catalanes.

En un desayuno informativo y después de que la semana pasada dijera que “el Gobierno español no paga rescate”, el ministro rechazó hacer nuevos comentarios sobre las gestiones que realiza el Ejecutivo y se limitó a señalar que ha hablado en varias ocasiones con el presidente de Mali, Ali Toumani Touré.

Se sospecha que los secuestrados fueron trasladados desde Mauritania a los cuarteles de Al Qaeda en el Magreb Islámico en el norte de Mali, país que el titular de Exteriores ha calificado de “actor muy importante”.

Moratinos subrayó que en los casos de los pesqueros Playa de Bakio y Alakrana, secuestrados por piratas somalíes en aguas del Índico y posteriormente liberados, “el gobierno no pagó”, y señaló además que no tiene constancia de que se pagara rescate.

Su afirmación de que el Gobierno no paga rescate sorprendió a la ONG Barcelona Acció Solidària, con la que colaboraban los secuestrados, al considerar que rompían la línea de actuación basada en la discreción marcada por el propio Gobierno.