Las diferencias entre los socios del Gobierno, PSOE y Podemos, con respecto a la prostitución han vuelto a salir a la luz, esta vez en forma de un cruce de enmiendas entre ambos partidos a dos leyes que se tramitan en el Congreso.
Aunque ha pasado desapercibido, la reforma de la Ley del Aborto, redactada por Igualdad pero aprobada ya por el Gobierno en su conjunto y en trámite parlamentario, elimina la prohibición de anuncios de prostitución que acababa de validarse en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley de solo sí es sí', al reformar la Ley General de Publicidad.
La prohibición de anuncios de prostitución no aparecía recogida en el texto original de la 'Ley del solo sí es sí' que el Ejecutivo remitió al Congreso, pero se incorporó durante la tramitación parlamentaria, algo paradójico también teniendo en cuenta que PSOE y Podemos acabaron eliminando en esta ley toda traba al ejercicio de la prostitución para garantizar el apoyo a la misma de sus socios parlamentarios. Precisamente, la desaparición de esas premisas fue lo que hizo que el Grupo Socialista presentase su propia proposición de ley para la eliminación del proxenetismo en todas sus formas.
Ahora, los socialistas han presentado una enmienda parcial para reafirmar en la Ley del Aborto su postura en relación a la abolición de esta práctica, mientras que Podemos ha presentado una enmienda parcial a la proposición de ley del PSOE para rebajar la persecución de la prostitución.
Ambas leyes se tramitan de forma paralela en el Congreso. Esta semana ha vencido sus plazos de enmiendas al articulado. Un procedimiento que ha dejado patente nuevas discrepancias de los dos partidos que ocupan la Moncloa.
La Ley de 'solo sí es sí', que está en vigor desde el pasado 7 de octubre, deja claro en su redacción que la publicidad que "suponga la promoción de la prostitución", se considerará ilícita en los términos establecidos en la Ley General de Publicidad de 1998. Pero el proyecto de ley del aborto del Ministerio de Igualdad cambia esa ley de publicidad y elimina la mención a los anuncios de prostitución.
"Asimismo se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de publicidad que coadyuve a generar violencia y discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad", recoge la reforma del aborto de Irene Montero.
La enmienda del PSOE, recogida por Europa Press, propone añadir al final de este texto la mención específica "así como la que promueva la prostitución", tal y como actualmente se recoge en la Ley General de Publicidad, reafirmando así la prohibición de los anuncios sobre esta práctica.
Además, quiere que en el mismo artículo de la reforma de la ley del aborto, en el que se modifica la norma sobre publicidad, se haga referencia también a ese artículo concreto de la Ley de 'solo sí es sí' en el que también se recoge la prohibición de este tipo de anuncios.
Mientras, desde Unidas Podemos, han registrado enmiendas a la ley para abolir la prostitución socialista que rebaja los fines de la norma, proponiendo la eliminación de las multas a los puteros y rebajando las penas de la tercería locativa, que multa a quien alquile viviendas o locales para el ejercicio de la prostitución.
Los morados proponen eliminar el texto en el que los socialistas recogen la aplicación de un "reproche penal" a "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".
En concreto, pide para estos usuarios una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
La formación que lidera Ione Belarra, justifica la eliminación de esta medida cintando a organismos como el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que llaman al país a "diferenciar trata con fines de explotación sexual de prostitución".
"Otra preocupación asociada a las medidas sancionadoras es que puedan generar mayor desconfianza de las mujeres en las instituciones y servicios públicos, especialmente en el sistema policial", apunta Unidas Podemos en su enmienda.
Los socios del PSOE en el Gobierno también proponen cambian parte de este texto para aumentar las penas a los proxenetas (proponen una horquilla de dos a cuatro años de cárcel, frente a la de uno a tres años de los socialistas) y rebajarlas en el artículo que recupera la tercería locativa (proponen de uno a tres a años, frente a los dos a cuatro años del PSOE).
Además, propone cambios en la redacción en definiciones, por ejemplo, como la de explotación, que para los morados es "cuando exista una relación de dependencia o subordinación en la que quien se lucra impone las circunstancias de toda índole que condicionan la libertad sexual de la víctima". También proponen añadir que "estas disposiciones no son aplicables a las personas que ejerzan la prostitución".
Estas diferencias se visualizan de nuevo en una semana en la que PSOE y Unidas Podemos mantienen las tensiones por la Ley Trans, después de que los socialistas pidieran ampliar el plazo para la presentación de enmiendas una semana y retrasando el debate sobre la norma. El Gobierno había reclamar la tramitación urgente de esta ley.
La propia ministra de Igualdad, la morada Irene Montero, lamentó esta actitud del principal partido en el Ejecutivo y alertó de que ponía "en riesgo" el compromiso de Moncloa, que era aprobar esta norma antes de que acabara el año.
Desde el PSOE han reconocido que necesitan "tiempo" para trabajar en esta iniciativa, aunque han garantizado que no tocarán la autodeterminación de género de las personas trans. Fuentes de la formación han señalado que sus temores están en la posible equiparación de otras violencias a la violencia de género, así como una posible inseguridad jurídica que permita al Tribunal Constitucional tumbar el texto.
A pesar de estas garantías, figuras del PSOE, como la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, sí se han mostrado en contra de esta norma que, a su juicio, "desmantela" la ley contra la Violencia de Género, aprobada por el PSOE en 2004.
