Debbie Purdy, de 45 años y con domicilio en Bradford (norte de Inglaterra), analiza la posibilidad de viajar en el futuro a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si su enfermedad se agrava. Sin embargo, Purdy, que se mostró “muy decepcionada” por el fallo judicial y a quien se ha concedido autorización para que apele, teme que su marido, el músico cubano Omar Puente, pueda ser juzgado en el Reino Unido si la acompaña al país helvético para asistirla en el suicidio.
El suicido asistido está tipificado como delito en Gran Bretaña y acarrea una pena de hasta catorce años de cárcel.
No obstante, casi un centenar de ciudadanos británicos ha puesto fin a su vida en Dignitas, la clínica suiza especializada en suicido asistido, sin que sus familiares hayan tenido que rendir cuentas ante la Justicia.
Ante esa ambigüedad, Pur-dy, a quien se diagnosticó la enfermedad en 1995, quiere que la Fiscalía del Estado británico ofrezca una guía sobre en qué circunstancias una persona que ayuda a otra a morir en el extranjero tiene que hacer frente a un proceso judicial.
Sin embargo, los jueces Scott Baker y John Aikens desestimaron la petición de la mujer por considerar que “implicaría un cambio en la ley”.
Es cosa del parlamento
En su fallo, los magistrados indicaron que “el delito de suicidio asistido está redactado de forma muy amplia para cubrir todo tipo de circunstancias diferentes” y que “sólo el Parlamento puede cambiarlo”.
La mujer, que conserva intactas sus facultades mentales, pero ya no puede andar y la parte superior de su cuerpo se debilita de manera progresiva, se confesó perpleja por el fallo judicial, ya que a su juicio lo que la gente necesita es “claridad”.
“Aún no sabemos cómo podemos estar seguros de que cumplimos la ley, porque desde luego no estoy dispuesta a que Omar infrinja las leyes. No estoy dispuesta a que vaya a la cárcel”, dijo la mujer a la salida de la vista en el Tribunal Superior de Justicia.
