l presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha negado este martes que hayan sido las comunidades autónomas "las que han desbocado el objetivo de déficit" del año 2011, ya que "han tenido menos déficit que el Estado", cuando éste "no tiene más obligaciones de gasto que las comunidades, que asumen la sanidad, la educación y la dependencia". Además, ha insistido en reclamar que el Estado "no compute" a las autonomías "las inversiones que no ha realizado", así como ha criticado que no abone el dinero correspondiente al Fondo de Competitividad de 2011.

En declaraciones a los periodistas tras asistir en Sevilla al acto de izado de la bandera andaluza ante el Parlamento regional, que se ha celebrado con motivo del Día de Andalucía, Griñán ha reconocido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no pagó las cantidades que reclama la Junta de Andalucía, pero ha aclarado que lo que reclama "no es que el Estado pague ese dinero, sino que no lo contabilice a Andalucía".

No obstante, sí ha puntualizado que el dinero correspondiente al Fondo de Compensación "lo debería haber abonado el Estado a todas las comunidades", y en ese sentido ha subrayado que se trata de una reclamación que ya realizaron los actuales secretarios de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos, Antonio Beteta y Marta Fernández Currás, respectivamente, cuando eran consejeros en Madrid y Galicia.

Tras insistir en el "mayor déficit" del Estado respecto a las comunidades autónomas, Griñán ha abogado por "equilibrar" los objetivos de déficit reclamados a las distintas administraciones públicas. "Habrá que pensar si no habrá que poner el mismo objetivo de déficit al Estado, que en su conjunto gasta menos que el conjunto de las comunidades autónomas", ha propuesto.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo andaluz ha querido también remarcar que "cuando el Estado sube los impuestos, se queda toda la recaudación, mientras que las autonomías "no se quedan nada".

AGUAYO RECLAMA CASI 3.000 MILLONES PARA ANDALUCÍA

En la misma línea, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, se ha referido a las cantidades de dinero que reclama al Estado para la comunidad andaluza, que, en su conjunto, ha cifrado en casi 3.000 millones de euros, cuyo abono, según ha señalado, habría permitido que Andalucía cumpliera "escrupulosamente" el objetivo de déficit marcado.

En concreto, ha detallado que una de las cantidades que reclama asciende a un total de 1.504 millones de euros en concepto de inversiones presupuestadas y no ejecutadas que a la comunidad el Estado tendría que abonarle en función de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Se trata de una cifra, ha subrayado, que está reconocida por la Intervención General del Estado y que corresponde a los años 2008 y 2009. "Como han pasado hace más de dos años de aquello, es un dinero directamente exigible, según los acuerdos alcanzados con el Estado, y debería ser objeto de una transferencia directa a las comunidades autónomas".

Según la titular andaluza de Hacienda, a esa cantidad habría que sumar un total de 1.379 millones de euros, la cifra correspondiente al Fondo de Competitividad de 2011, "que no se ha remitido por una decisión unilateral del Estado". En opinión de Aguayo, si Andalucía hubiera recibido ambas cantidades, habría cumplido "escrupulosamente" el objetivo de déficit.

Además, y en línea con lo expresado por Griñán en relación a la existencia de diferentes objetivos de déficit para las administraciones públicas, la consejera andaluza de Hacienda ha señalado que "las comunidades autónomas están siempre en el punto de mira del déficit porque el reparto que hace el Estado del déficit es incorrecto en relación a la Ley de Estabilidad", algo que "favorece" al Estado. Y es que, a su juicio, a las autonomías "se les pone un objetivo que es mucho más difícil de cumplir".

"La Ley de Estabilidad actual dice que en caso de repartirse el déficit, como es el caso actual, el 75 por ciento de la cifra que se acuerde debe ser objetivo de déficit para las autonomías, que son las que tienen las competencias de los servicios públicos esenciales", ha agregado a este respecto, para concluir que "si el reparto se hubiera hecho de esa manera, las autonomías cumpliríamos y sería el Estado el que incumpliría flagrantemente".

"El Estado tiene siempre la capacidad de centrifugar déficit a las comunidades autónomas por decisiones unilaterales, haciendo que el equilibrio entre ingresos y gastos se desajuste", ha lamentado Aguayo para concluir.