El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales que contempla la posibilidad de requerir los servicios de quienes estén percibiendo una prestación de desempleo.
Según ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este real decreto se ampliará a los incendios que puedan producirse hasta el 1 de noviembre, fecha en la que finaliza la temporada de incendios.
Hasta la fecha, la superficie arrasada por el fuego en España alcanza las 181.000 hectáreas, lo que convierte a 2012 en uno de los años "más duros". "Ahora toca, con urgencia, restaurar los daños que se han causado y ayudar a que estas zonas vuelvan a la normalidad", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno.
Este real decreto contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro puedan solicitar la colaboración de quienes estén cobrando alguna prestación de desempleo para trabajar en la reconstrucción y limpieza de las zonas afectadas.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se trata de una posibilidad que permite la ley general de la seguridad social desde 1994 y que "este real decreto ley concreta".
Sin embargo, la vicepresidenta no ha concretado la cantidad económica que va a suponer esta norma, ya que -ha señalado- parte de los siniestros se encuentran todavía "en proceso de valoración" y la campaña contra incendios está abierta hasta el 1 de noviembre.
"Estamos todavía en situación de riesgo. Una vez que se hayan determinado estos daños se irá comunicando su aprobación", ha explicado.
El real decreto ley contempla, además, ayudas para daños personales, materiales y en los enseres, así como para las personas físicas o jurídicas que hayan participado en las operaciones de extinción de incendios.
También recoge ayudas para el alquiler, la reparación, rehabilitación y la reconstrucción de viviendas, de la que podrán beneficiarse los dueños, interinos o titulares de cualquier contrato en vigor y las comunidades de propietarios por daños en bienes comunes.
Habrá subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de diputaciones y cabildos, a las que les podrán conceder hasta un 50 por ciento de su coste.
Sáenz de Santamaría ha explicado que será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quien, en colaboración con las comunidades autónomas, fijará las zonas de actuación y concretará las tareas de limpieza.
La nueva norma establece medidas de naturaleza fiscal, como la exención del IBI para los inmuebles gravemente dañados y reducciones en impuestos de actividades económicas correspondientes al año 2012.
Además estas ayudas estarán exentas del impuesto sobre la renta de personas físicas y habrá reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
En materia laboral, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que "los ERE que tengan causa directa en estos daños serán considerados provenientes de fuerza mayor" y las empresas y los trabajadores tendrán un año de moratoria en el pago de las cotizaciones.
