Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, no ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional a pesar del requerimiento que le había hecho el juzgado de Pablo Ruz para que detallara qué bienes le pueden ser embargados para cubrir la fianza de seis millones de euros que le impuso por responsabilidad civil que pudiera derivarse del procedimiento.
La mujer del antiguo responsable de las finanzas 'populares' fue citada por el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 a las nueve de la mañana de este miércoles aunque su abogada, Dolores Márquez de Prado, envió el martes un escrito alegando que su cliente no iba a acudir al tribunal porque la comparecencia resultaba "innecesaria", según informaron fuentes jurídicas.
El escrito de Iglesias, que tiene un plazo de tres días para presentar un listado de los bienes que tiene a su nombre, será analizado por el juez Santiago Pedraz, que se encuentra de guardia esta semana, por si procede adoptar alguna medida.
'ESA MUJER... A SOTO DEL REAL TAMBIÉN'
A las puertas de la Audiencia Nacional se han congregado varios afectados por las preferentes de Bankia, que han coreado consignas como 'Esa mujer... A Soto del Real también', '¿Dónde está la justicia' y 'Nos roban el dinero políticos y banqueros'.
Iglesias compareció el pasado día 28 de junio ante el juez Ruz aunque a diferencia de su marido --que ingresó por la tarde en la prisión de Soto del Real (Madrid)-- quedó en libertad sin medidas cautelares. Está imputada por un delito contra la Hacienda Pública, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.
El juez impuso esta fianza tras calcular las cuotas presuntamente defraudadas por la mujer de Bárcenas en concepto de IRPF. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de 5.975.000 euros mientras que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) pidió otra de 3.058.984 euros.
La Audiencia Nacional, que también ha ordenado recabar de forma telemática a través del Punto Neutro Judicial la información correspondiente a la situación económico-patrimonial, ha iniciado de esta forma los trámites de embargo de los bienes de Iglesias tras haberse agotado el plazo de diez días que Ruz concedió para que depositara la fianza. El juez ya acordó a finales de julio requisar las propiedades inmobiliarias y cuentas de su marido, al no haber podido reunir la fianza de 43,2 millones de euros que le había impuesto.
YA ESTÁN EMBARGADAS CUENTAS Y PROPIEDADES DE SU MARIDO
En concreto, el juez Ruz embargó cuentas corrientes de Bárcenas con un saldo de 700.000 euros y una serie de siguientes propiedades: su domicilio familiar y una plaza de aparcamiento en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el cincuenta por ciento de un chalet y dos plazas de garaje en el municipio de Naut Aran (Lérida), cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret. Estas actuaciones fueron ordenadas sin perjuicio de las restantes medidas de bloqueo sobre el resto de cuentas bancarias de las que dispone en el extranjero.
En un auto sobre la situación procesal de Rosalía Iglesias, Ruz concretaba que se encuentra imputada por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF correspondiente a 2006, en relación con un ingreso en efectivo de 500.000 euros en una cuenta de Caja Madrid a su nombre, lo que determinaría una cuota eventualmente defraudada superior a los 222.112,58 euros.
Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a la esposa de Bárcenas delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF de 2002 y 2003 por las declaraciones conjuntas que presentó con Bárcenas en dichos ejercicios y en las que omitió "ingresos y rentas generados en ese periodo". De esta forma, las cuotas eventualmente defraudadas ascenderían por el momento, y sin perjuicio de una liquidación definitiva, a 307.850,86 respecto de 2002 y de 1.179.670,4 en relación con el año siguiente.
Las tres cantidades suman un total de 1.709.569 euros, por lo que la multa por el delito de fraude fiscal (el triple de la cuota defraudada) alcanzaría la cifra de 4.068.785,64 euros. Atendiendo a las multas previstas por el delito de estafa procesal en grado de tentativa (18.000 euros), por el delito de falsedad en documento mercantil (36.000 euros) y el delito de blanqueo de capitales (350.000 euros), Ruz impuso la fianza total de 6 millones de euros
