El empresario Miguel Ángel López ha sido detenido este mediodía por orden del juez Eduardo López Palop después de que haya incumplido una de las comparecencias judiciales a las que está obligado como medida cautelar por su implicación en el 'caso Madrid Arena' por la muerte de cinco jóvenes en una fiesta de Halloween celebrada en este recinto municipal
Según han informado fuentes jurídicas, el juez Palop ha ordenado su detención ante un posible riesgo de fuga, uno de los requisitos que determinaría que ingresara en prisión preventiva. Esto supone incurrir en el quebrantamiento de una de las medidas cautelares adoptadas en el marco de la instrucción.
Además de no comparecer, no ha justificado en forma alguna la causa que le impidió presentarse en sede judicial a sabiendas de que su actual situación de libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros está supeditada al riguroso cumplimiento de la medida cautelar de presentarse los días 8 y 22 de cada mes ante la autoridad judicial.
Por último, el juez ha ordenado que el próximo lunes 12 de mayo de 2014 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le pongan a su disposición a Miguel Ángel Flores en horas de audiencia.
Flores se encuentra en libertad con cargos después de que el 28 de diciembre de 2012 pagara una fianza de 200.000 euros para librarse de ingresar en prisión. Días antes fue detenido, a petición del juez, por riesgo de fuga.
MOVIMIENTOS ECONÓMICOS
Recientemente, el juez acordó enviar a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Madrid por "si fueran constitutivos de delito" los movimientos detectados entre las cuentas bancarias de Miguel Ángel y José María Flores y empresas con sede en Panamá y Ecuador.
El auto era el resultado de la pieza separada abierta por Palop hace un año para investigar el patrimonio de los hermanos Flores, promotores de la fiesta que acabó en tragedia en el Madrid Arena, y una de sus empresas, Diviertt.
Para ello se intervinieron varias líneas telefónicas de los imputados así como de personas relacionadas profesionalmente con ellos, sumando a eso los datos aportados por la Agencia Tributaria. El pasado 10 de octubre la Unidad Central de Delincuencia Financiera y Fiscal (UDEF) presentó un informe al juzgado de instrucción 51 con las pesquisas realizadas.
En el informe, como reza el auto, "se comprueba haber existido distintos movimientos de capital entre sociedades sitas en Ecuador y Panamá y empresas o cuentas bancarias a nombre de los imputados y la mercantil que regentan".
A la vista del informe policial, el juez decide dar traslado a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Madrid "por si los hechos referidos fueran constitutivos de delito a fin de que se practiquen las gestiones oportunas".
