La Coordinadora Republicana de Madrid y el partido político Soberanía van a presentar conjuntamente una querella contra el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes y los responsables policiales y funcionarios de policía que ejecutaron las órdenes de "impedir el derecho a la libertad de expresión" de republicanos en el acto de la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio.
Según han informado los demandantes, que darán cuenta de esta denuncia mañana en rueda de prensa, la querella se extiende al abogado del Estado autor del informe que "avaló la suspensión de derechos constitucionales de los republicanos" el pasado 19 de junio, cuando se prohibió la exhibición de elementos republicanos durante el recorrido que hicieron los nuevos reyes por el centro de la capital.
De este modo, los querellantes acusan de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos recogido en el artículo 542 del Código Penal a todos los querellados, un delito que en "se castiga con pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas", han destacado.
En su relato de hechos la querella aduce que hubo antes del 19 de junio una instrucción general por parte de la cúpula policial de impedir que los republicanos pudieran exhibir sus símbolos o expresar sus ideas en la jornada de proclamación del nuevo rey. En el documento se sostiene que la instrucción general acordada equivalía a una medida de "estado de excepción adoptada al margen del procedimiento legal fijado en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio de 1981".
Además, menciona algunos casos de personas identificadas que fueron "objeto de acoso, agresión policial o incluso detención o coacciones, por expresar sus ideas republicanas con la exposición de materiales como banderas, chapas y otras insignias, además de la expresión de ideas, entre otras cosas". De esta forma, la querella invoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está amparado por la libertad de expresión.
En su opinión, es "evidente" que tanto la instrucción general de "caza de brujas" contra los republicanos como las "medidas represivas" contra estos son conductas descritas en el Código Penal como prevaricación, impedimento de derechos cívicos, agresiones y coacciones.
Finalmente, la querella termina pidiendo la declaración de los imputados querellados y de los testigos víctimas de abusos policiales.
