El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que aclare si el caso Rato, en el que investiga la fortuna del exvicepresidente del Gobierno, debe continuar en su juzgado o ser asumido en la Audiencia Nacional.
El magistrado plantea que se resuelva esta cuestión de competencia después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu volviera a rechazar asumir la investigación, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción.
Esa decisión supuso que el caso Rato siguiera siendo competencia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que ha seguido adelante con el procedimiento.
Sin ir más lejos, Serrano-Arnal ha tomado declaración hoy a Miguel Ángel Montero, un gerente de confianza de la familia Rato acusado de actuar como testaferro del expresidente de Bankia, y a la secretaria personal del exministro de Economía, Teresa Arellano.
Ambos, imputados por un delito fiscal, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales, han quedado en libertad sin fianza, aunque deberán comparecer una vez al mes ante la justicia.
No obstante, la duda sigue siendo si la investigación debe quedar en manos del juez de Madrid o tiene que pasar a ser asumida por la Audiencia Nacional al considerar que parte de los delitos que se investigan ocurrieron en el extranjero.
Para la Fiscalía Anticorrupción no hay duda de que así ha sido puesto que cuando recurrió la decisión de Andreu de no hacerse cargo del caso advirtió de que la sociedad Kradonara, de Rato, recibió 6,5 millones procedentes del extranjero, cuyo origen se desconoce.
En 2006, 2007, 2011 y 2014, Kradonara obtuvo directamente a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, la firma Vivaway, de la que es beneficiario último Rato.
A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio estaría en Bahamas.
Todo ello para que al final Kradonara acabara manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad económica es la explotación de un hotel en Berlín, del que Rato posee un 50 %.
Por otra parte, el juez Serrano-Arnal recuerda en su auto emitido hoy que Kradonara ha recibido de la sociedad Albisa, controlada por Alberto Portuondo, en prisión provisional desde mediados de agosto, cerca de 800.000 euros, de los que 450.000 euros han acabado en la firma alemana con la que Rato participa en el hotel de Berlín.
Esta misma sociedad germana ha recibido 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, a través de Kradonara y Vivaway.
Además, Bagerpleta ha tenido otros pagos desde Vivaway, que se financia a través de la empresa Arada con ingresos "defraudados a la Hacienda Pública" y que provienen del pago de asistencias de Rato a congresos y conferencias.
Es decir, una maraña de operaciones cruzadas entre distintas sociedades más allá de España que fue lo que llevó al juez Serrano-Arnal a inhibirse del caso en favor de la Audiencia Nacional.
