La Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Pau (sur de Francia) ha rechazado la euroorden que cursó la Audiencia Nacional contra el etarra Alberto Plazaola, detenido el pasado 7 de septiembre en este país, porque considera que este instrumento jurídico no puede aplicarse a delitos cometidos antes del 1 de noviembre de 1993.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía francesa. La Sala del Tribunal se ha alineado así con las tesis del fiscal y ha decidido también levantar las medidas de control judicial que pesaban sobre Plazaola.
El etarra fue detenido en la localidad francesa de Ciboure el 7 de septiembre, nueve meses después de haber sido excarcelado por la Audiencia Nacional, que le descontó los años de condena que había cumplido en Francia. Cuando el Tribunal Supremo decidió en marzo anular esta interpretación judicial, el etarra ya se había escapado.
Concretamente se encontraba fugado desde el 11 de marzo de este año, fecha en la que oficialmente la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura contra él.
Plazaola, miembro del 'comando Araba' de ETA, fue condenado en 1997 a 46 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato frustrado y de uno de estragos al atacar un bar en Escoriaza (Guipúzcoa) en 1987, así que el tribunal francés ha decidido que la euroorden no es aplicable.
No obstante, cuando fue detenido en septiembre, el Ministerio del Interior señaló que le atribuye tres acciones terroristas más por las que aún no ha sido condenado. La única condena que pesa contra él son 46 años por dos delitos de asesinato frustrado y uno de estragos al atacar un bar en Escoriaza (Guipúzcoa) en 1987.
En su comunicado, Interior dijo que "Plazaola se integró en la banda terrorista ETA como colaborador del 'comando Araba' en 1987 y participó en varias acciones armadas durante ese año". A partir de ahí le vinculan con un atentado frustrado mediante lanzamiento de granadas al cuartel de la Guardia Civil de Orozco (Vizcaya).
También con la colocación de una bomba-trampa en un concesionario de Peugeot-Talbot en la localidad de Villarreal de Urrechu (Álava), explosionando cuando el equipo de desactivación de explosivos procedía a su inutilización. Por último también le vincula con la preparación de una plataforma de lanzamiento de granadas, con una trampa explosiva adicional, contra el cuartel de la Guardia Civil de Orozco (Vizcaya).
